El impedimento de salida del país del que fue objeto el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido criticado por miembros de la comunidad jurídica que consideran inconstitucional limitar el libre tránsito de un ciudadano, sin haberle notificado una decisión judicial que así lo autorice.

El abogado José Rafael Ariza consideró que las alertas migratorias o notas preventivas no tienen base legal a menos que sean por orden de un juez, aunque en la práctica los fiscales la ponen.

Mientras que la abogada penalista y exmiembro del Ministerio Público, Ingrid Hidalgo, opinó que de ser cierto que al exprocurador no le dejaron salir del país sin una autorización judicial que lo ordene, se estaría violentando el estado de derecho.

El jurista Leandro Taveras entiende que las alertas migratorias son partes de los temas pendientes que se deben dar en una reforma estructural del Ministerio Público.

Otros señalaron el artículo 40 de la Constitución que establece que: “Nadie podrá ser reducido a la prisión ni cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito”.

La Constitución también consagra la libertad de tránsito en su artículo 46 cuando expresa que: “Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales”, este y todo derecho contenido en la carta magna un derecho Fundamental reconocido a toda persona sin distinción.

¿Arbitrariedad?

Fuentes cercanas al exprocurador aseguran que Jean Alain Rodríguez ya había pasado todos los registros migratorios en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y hasta abordó un avión que lo llevaría a Estados Unidos.

Supuestamente, el avión que había abordado presentó defectos técnicos y todos los pasajeros fueron devueltos a la terminal. El exprocurador esperaba en la sala VIP cuando se le acercó un oficial de Migración que dijo recibió una llamada “de las autoridades” que le informaron que él que no podía salir del país.

De acuerdo con las informaciones, al exprocurador no recibió ninguna documentación o autorización judicial que justificara su impedimento.

De manera oficial las autoridades del Ministerio Público no han ofrecido información sobre lo sucedido. Aunque de manera extraoficial aseguran que el exfuncionario está bajo investigación.

Recientemente el exprocurador envió una carta al presidente Luis Abinader informando que temía por su vida por supuestas intimidaciones que habría recibido de parte de algunos de los imputados en el caso de los US$92millones de los sobornos de Odebrecht.