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Ángel Lockward querella penal interpuesta contra el Alcalde Walter Musa es una extorsión para que pague 20.0 millones de pesos

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MANUEL GILBERT

PUERTO  PLATA.-El abogado Ángel Lockward sostuvo que la querella penal  interpuesta contra el Alcalde Walter Musa y el Cabildo por un extranjero asociándolos a la empresa comercial Al Día SRL se procura obtener que el Ayuntamiento le pague 20.0 millones de pesos para retirar la acción llevada a cabo en su contra.

Lockward hizo la denuncia de las pretensiones del extranjero durante  la audiencia de la Demanda en Invención Forzosa incoada por Walter Musa y el Cabildo por ante la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Puerto Plata llevada a cabo el pasado jueves 17 de mayo del presente año.

Durante una de sus intervenciones el  licenciado Ángel Lockward, denunció que alegadamente los abogados  del ciudadano foráneo presuntamente habían utilizado como emisario a un colega suyos  para solicitar RD$20.0 millones para retirar la querella en contra del Cabildo y del Alcalde Walter Musa.

Es oportuno recordar que al concluir la primera audiencia relacionada con este caso, Lockward declaró que “aquí en Puerto Plata existe un vandalismo jurídico que a veces es por ignorancia inexcusable y en otras ocasiones por el ejercicio delictual de la profesión de abogado”.

“En el país, en sentido general,  y en Puerto Plata, en el orden particular, hay abogados que se dedican a presionar solicitando información a través de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información y no es más que por tratar de chantajear por debajo a las autoridades”, sostuvo.

En ese sentido, explicó a periodistas que lo cuestionaron a su salida de la primera audiencia de la Demanda en Intervención Forzosa del Cabildo que hay un caso particular mediante el cual se ha intentado manejar de esa manera al Ayuntamiento por parte de abogados.

El togado informó que la Demanda en Intervención Forzosa interpuesta por el Alcalde Walter Musa y el Ayuntamiento en contra de la solicitud de información solicitada por el extranjero está determinada por el hecho de que la Constitución prohíbe a los extranjeros sin residencias y sin cédulas, solicitar información ni ejercer actividad política.

En la instancia contentiva de la Demanda en Intervención Forzosa notificada mediante el Acto de Alguacil No. 321 notificado por el Ministerial José Alfredo Molina en fecha 1 de mayo del 2018 se afirma que dicha acción es a todas luces inadmisible, temeraria y desviada de los propósitos de la Ley.

Afirma que “se pretende forzar a que se distraigan RD$20.0 millones de dinero público mediante la presión mediática en pago a terceros relacionados con la sociedad Al Día SRL, no vinculados al Cabildo ni a sus deberes a la institución ni a sus deberes públicos”.

Luego de escuchar los debates y las conclusiones de los abogados de las partes envueltas en el caso el magistrado Nassir Ovalles se reservó el fallo de dicho juicio para el jueves de la próxima semana que contaremos a 23 del cursante mes de mayo.

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