DIARIO PUERTO PLATA.-Un tribunal de San José de Ocoa impuso tres meses de prisión preventiva contra Juan Encarnación y Nery Encarnación, investigados por la tala y destrucción de árboles en aproximadamente 30 tareas de terreno ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo.
El caso fue iniciado a partir de una denuncia presentada por comunitarios de La Placeta de Yuna, en el municipio de Rancho Arriba, ante los daños registrados en el área.
Tras recibir la denuncia, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con guardaparques y miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), realizaron una inspección en el lugar y documentaron las afectaciones.
El informe técnico elaborado durante la inspección señala que fueron encontrados árboles cortados de especies como cabirma santa, manacla, pino macho y yagrumo, además de dos aserraderos manuales utilizados en la zona.
El documento también establece que los trabajos se desarrollaban a menos de 10 metros de un arroyo, según los hallazgos presentados durante la investigación.
A partir de las evidencias recopiladas, el Ministerio Público llevó el caso ante los tribunales y solicitó la medida de coerción, que posteriormente fue acogida por el tribunal de San José de Ocoa.
El Ministerio de Medio Ambiente destacó que existen antecedentes de imposición de prisión preventiva en procesos relacionados con delitos ambientales y señaló que las autoridades han reforzado la respuesta frente a daños considerados graves contra los recursos naturales.
La institución indicó que esta etapa se desarrolla bajo la decisión del Estado de considerar las agresiones contra bosques, cuencas hidrográficas y áreas protegidas como asuntos de interés nacional y de prioridad estratégica para la seguridad nacional, conforme al Decreto 615-26.
“El que destruya deliberadamente nuestro patrimonio natural debe saber que habrá investigación, sometimiento y consecuencias conforme a la ley”, afirmó el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez.
Según explicó el Ministerio, el decreto busca fortalecer las acciones de prevención y la coordinación entre las instituciones responsables de proteger los recursos naturales.
La institución recordó que corresponde al Ministerio Público dirigir las investigaciones de los hechos, mientras que la decisión sobre las medidas de coerción compete a los tribunales.
“El mensaje es muy sencillo: nuestros parques nacionales no están solos. Nuestros bosques no están solos. Detrás de ellos está el Estado dominicano”, expresó Henríquez.
Medio Ambiente también aclaró que la prisión preventiva constituye una medida de coerción y no implica una declaración de culpabilidad contra los imputados.
La institución informó que mantendrá la vigilancia en el área y dará seguimiento al proceso judicial junto con el Ministerio Público y el SENPA.
