Los dos exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, los dos únicos imputados del caso Calamar con prisión preventiva, buscan que la Corte de Apelación de Distrito Nacional le varíe la prisión preventiva que les fue impuesta, por otra medida de coerción menos gravosa, como el arresto domiciliario.
Donald Guerrero y Peralta piden a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que les levante la prisión preventiva que cumplen en la cárcel de Najayo.
Los dos exfuncionarios, acusados de apropiación de terrenos del Estado por un valor de 19 mil millones de pesos, llegaron con puntualidad a la sala de audiencia, arropados por agentes de seguridad.
Abogados del proceso esperan que la audiencia sea aplazada a los fines de tomar conocimiento de los recursos incoados.
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Guerrero interpuso el recurso a través de sus abogados Eduardo Núñez, Mario Aguilera, Laura Rodríguez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez; mientras que el de Peralta fue incoado por los abogados Emery Rodríguez y Santiago Rodríguez.
Ambos recursos buscan que se revoque la prisión preventiva dictada en su contra por el juzgado de Atención Permenente del Distrito Nacional, que dictó prisión preventiva, tras acoger el pedimento del ministerio público.
La defensa de Donald Guerrero, aduce que su defendido cumple con los presupuestos de modo y tiempo que establece la normativa procesal para que se le varíe la medida de coerción, por otra medida menos gravosa.
El consejo de defensa del exfuncionario de Danilo Medina considera que el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de peligro de fuga no de distracción del proceso, ya que siempre ha estado abierto a colaborar con la justicia.
La defensa de los imputados señala que las pruebas aportadas por el imputado suplen con cada uno de los requisitos del artículo 229 del Código Procesal Penal para evaluar el peligro de fuga.
Destaca que el órgano acusador no probó los supuestos objetivos que caracterizan el alegado peligro de obstaculización de la investigación.
Piden se declare la ilegalidad de la prisión de su cliente, porque habiéndose superado las 48 horas de su detención la autoridad jurisdiccional competente no emitió decisión sobre el levantamiento o no de la privación de libertad.
La defensa de Peralta sostiene que su cliente tiene suficientes arraigos en el sector agropecuario y agroindustrial, y que no representa peligro de fuga.
