La magistrada Alba Núñez Pichardo al emitir sus declaración en el programa “Así son las Cosas” de Radio Puerto Plata, aseguró que la ciudadanía tiene el derecho a conocer las realidades que allí sucedieron y no solo la versión difundida por la parte interesada de los abogados defensores de los ciudadanos alemanes involucrados en esa situación.
PUERTO PLATA.- La Procuradora Fiscal Titular de esta jurisdicción, reafirmó hoy que fueron tres procuradores fiscales adjuntos quienes en compañía de oficiales y agentes de la Policía Nacional encabezaron tres equipos que realizaron de forma simultánea los allanamientos al residencial La Multa III de Sosúa hace ya casi un año.
La magistrada Alba Núñez Pichardo al emitir sus declaración en el programa “Así son las Cosas” de Radio Puerto Plata, aseguró que la ciudadanía tiene el derecho a conocer las realidades que allí sucedieron y no solo la versión difundida por la parte interesada de los abogados defensores de los ciudadanos alemanes involucrados en esa situación.
Núñez Pichardo explicó que previamente había recibido informaciones confidenciales de que los ciudadanos alemanes residentes en La Mulata III, poseían armas ilegales y en vista de esas circunstancias coordinó una inspección al lugar instruyendo a los magistrados Juan Carlos Hernández Castro, José Martínez Montán y Ramón Cabrera quien en ese momento era el fiscalizador de Sosúa para que conformaron tres equipos en pos de realizar dichos allanamientos.
Significó que a estos integrantes del Ministerio Publico antes señalados, de manera personal los llamó desde su teléfono flota en la noche anterior y a las 5:00 de la madrugada del 12 de octubre del 2012, para notificarle e instruirlos de que a primeras horas de la mañana se realizarían tres allanamientos simultáneos en busca de armas ilegales, por lo que efectivamente se reunieron con miembros de la Policía Nacional y salieron a las 7:30 de la mañana del cuartel policial de Sosúa en dirección a las viviendas de los nacionales alemanes Peter Brunck, Daniel Roland Brunck y Marcus Muerlh.
La fiscal de Puerto Plata explicó que las órdenes de allanamientos originales fueron entregadas a los tres representantes del Ministerio Publico que participaron en esos allanamientos y las copias de esas mismas órdenes, fueron entregadas al capitán Gerson Acosta en su condición de encargado de investigaciones criminales de la Policía Nacional en Sosúa.
Relató que los dos primeros equipos conformados, encabezados por los magistrados José Martínez Montán, Juan Carlos Hernández Castro, el coronel Roberto Salcedo Santos y varios agentes de la Policía Nacional coordinaron ingresar por la parte delantera de las viviendas a ser allanadas, pero al llegar al lugar fueron recibidos a balazos por los extranjeros Peter Ebert Demetrick y Solvey Isabella Ditrich Bosen, teniendo los fiscales que tirarse al piso para salvaguardar sus vidas.
En tanto que el otro equipo encabezado por el magistrado Ramón Cabrera debió ingresar a las citadas residencias por la parte trasera, pero al producirse el tiroteo en vez del coronel Raymundo de la Rosa Ogando acordonar el área lo que procedió fue a ingresar de forma irregular a esas viviendas sin la debida presencia de un fiscal, lo que dio lugar a que se produjeron excesos por parte de oficiales y agentes de la Policía Nacional.
Cancelación de un fiscal y sanciones a dos
Al ser cuestionada por los periodistas Hugo Gómez Guzmán, Manuel Emilio Gilbert y Guillermo Castro, la Procuradora Fiscal Titular de Puerto Plata; licenciada Alba Núñez Pichardo, aclaró que en cuanto a las sanciones impuestas a los procuradores fiscales adjuntos Víctor Manuel Mejía Rodríguez, Juan Carlos Hernández castro y la cancelación al ex fiscal Wilfredo Martínez, no tienen nada que ver con el caso de La Mulata III de Sosúa ya que por la coincidencia en el tiempo con la situación, se ha querido mezclar todo, pero debemos ser suficientemente capaces y maduros para explicar todo en su justa dimensión.
Núñez Pichardo, revelo que “la cancelación de Martínez y las suspensión por dos meses de Mejía Rodríguez y Hernández Castro es producto de una investigación llevada a cabo desde diciembre del 2012 por la Inspectoría del Ministerio Publico sobre más de 20 casos, donde los citados magistrados llegaron a acuerdos plenos o parciales y solicitaron ellos, suspensión total o parcial de penas en materia de trafico de drogas sin ningún sustento procesal que lo avalara o justificara esos acuerdos, sin que se cumplieran la políticas institucionales del Ministerio Publico”.
Indicó que esas decisiones, son atribuciones exclusivas del Consejo Superior del Ministerio Publico, ya que cada caso que conoce dicho consejo disciplinario es independiente de todas las Procuradurías fiscales del país, por lo que dijo tener su conciencia tranquila ya que es una mujer formada en un hogar humilde con convicciones cristianas y siempre respetará la moral de todos los integrantes de la fiscalía local y de toda la sociedad.
Traslados de 3 fiscales
Asimismo aclaró que el procurador fiscal adjunto Ramón Antonio Niñez Liriano mediante una comunicación remitida a su despacho en el mes de abril, fue quien de forma voluntaria le solicitó su traslado a otra jurisdicción, debido a los inconvenientes surgidos a lo interno del Ministerio Publico de Puerto Plata, razón por lo cual según manifestó no se sentía a gusto.
Otros fiscales trasladados, fueron el doctor Elvis Miguel García y la licenciada Grimilda Altagracia Disla Mateo quienes fueron enviados a Santo Domingo y Valverde (Mao), respectivamente.
POR: ANTONIO HEREDIA
