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jueves, mayo 23, 2024
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Fiscalía de Santiago logra 30 años de prisión contra hombre que mató a otro y atentó contra la vida de un tercero 

SANTIAGO (República Dominicana).- Tras acoger como válida la acusación del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de reclusión mayor a un hombre que mató de varias estocadas a otro hombre y que luego atentó contra la vida de un segundo hombre, en hechos que planificó y cometió en distintos escenarios, en un mismo día en Santiago.

La pena mayor recayó en el acusado Ernesto Antonio Sosa Santos contra quien la fiscal del Ministerio Público, Jenniffer Rodríguez, presentó cargos penales por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por cometer asesinato en perjuicio de la víctima Jean Carlos Vargas Fernández, a quien vigiló y mató en el interior de su vivienda, en el municipio Puñal, al inferirle numerosas estocadas con un arma blanca.

La Fiscalía le indilgó, también, al acusado, la violación a los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal, por tentativa de asesinato en perjuicio de la víctima Anthony Noesí Lazala, a quien hirió de varios disparos.

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo del año 2020 cuando el acusado, tras matar a Vargas Fernández, abordó su vehículo un Kia Sorento, color rojo y pasó a recoger a su segunda víctima, Noesí Lazala, quien se encontraba en su casa, para supuestamente comprar una carne, pero en el camino el acusado pidió que pasaran primero a llevar un dinero donde una tía que reside en la comunidad en Don Pedro.

El procesado buscaba llevar a la víctima a una zona apartada donde pudiera quitarle la vida sin ser visto.

Antes de llevarle a la zona apartada, pasó a comprar municiones para el revólver Smith and Wesson, calibre 32, con el que luego de ordenarle salir del vehículo le disparó y le dejó abandonado, creyéndole muerto.

El tribunal halló suficiencia probatoria en el conjunto de elementos materiales, documentales, periciales y testimoniales, presentados como evidencia por el Ministerio Público e impuso la pena privativa de libertad.

Además, ordenó el pago de una indemnización de 10 millones de pesos en favor de las víctimas y querellantes.

Luego de cometer los crímenes, el acusado se presentó al Comando Regional Cibao Central de la Policía donde confesó los hechos tras lo cual fue sometido al escrutinio judicial por el Ministerio Público.

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