Santo Domingo.-A inicios del mes de abril, la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, por su presunta participación en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar.
Peralta, quien ocupó ese cargo durante los ocho años de la presidencia de Danilo Medina, es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Desde esa oportunidad, la defensa de Peralta se enfocó en manifestar que no existen los recursos para mantener la prisión preventiva para su cliente, ya que no representa peligro fuga.
Siete meses después, tras varios intentos y aplazamientos de audiencia, la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de Peralta de prisión preventiva por una garantía economía de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Las reacciones fuera de la sala de audiencias no se hicieron esperar.
«Esta medida que es la correcta, entendemos a raíz de la circunstancias, debió de ser dictada hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que José Ramón Peralta debió de estar en libertad, no debimos de haber llegado hasta aquí, siete meses después, con una persona que no representa peligro de fuga…y que además las evidencias que existen no sirven ni para siquiera promover su caso penal», señaló Pedro Balbuena, parte de la defensa de Peralta.
El abogado indicó que aunque la variación de medida de coerción «era necesaria» entienden que es «insuficiente» y seguirán trabajando para el «cierre definitivo» del caso.
