DIARIO PUERTO PLATA.-El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, mientras que los otros dos fueron dejados en libertad sin restricciones judiciales.
La decisión fue adoptada la noche de este domingo y establece prisión preventiva para siete de los procesados, arresto domiciliario para nueve y medidas menos gravosas para otros seis, de acuerdo con los reportes sobre el fallo.
Con esta resolución, el tribunal no acogió en su totalidad la solicitud presentada inicialmente por el Ministerio Público, que había pedido 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados, además de que el proceso fuera declarado de tramitación compleja.
Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía modificó posteriormente su solicitud para nueve de los procesados y pidió que estos cumplieran arresto domiciliario, tomando en cuenta que, según explicó el órgano acusador, habían admitido los hechos que se les atribuyen, mostrado arrepentimiento y colaborado con la investigación.
El Ministerio Público informó durante las audiencias que 13 de los 26 imputados admitieron los hechos señalados en su contra. Sin embargo, la solicitud de arresto domiciliario fue planteada específicamente para nueve de ellos, como parte de la valoración realizada por la Fiscalía sobre su nivel de colaboración.
En cuanto a los seis imputados a los que se les impusieron medidas menos gravosas, estos deberán cumplir, según los reportes del fallo, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
De esta manera, siete de los procesados permanecerán en prisión preventiva, nueve cumplirán arresto domiciliario y otros seis estarán sujetos a restricciones judiciales sin privación de libertad. Los dos restantes quedaron en libertad sin medidas de coerción.
Un expediente con cientos de elementos de prueba
El proceso corresponde a la Operación Cobra 2.0-A, segunda fase de la investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a presuntas irregularidades relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la audiencia, el órgano acusador presentó los argumentos con los que buscaba sustentar las medidas de coerción solicitadas y afirmó que contaba con cientos de elementos probatorios.
En una de las exposiciones realizadas previamente, la procuradora de corte Mirna Ortiz indicó que el expediente estaba compuesto por 483 elementos de prueba, entre documentos, evidencias materiales, documentos procesales y peritajes.
Posteriormente, durante la fase final de la audiencia, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, hizo referencia a 706 medios de prueba presentados por el Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, los imputados estarían vinculados a un supuesto esquema de corrupción relacionado con el manejo de recursos y servicios de SeNaSa.
El Ministerio Público les atribuye distintos delitos, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Estas acusaciones corresponden a los señalamientos formulados por el órgano persecutor y deberán ser establecidos o descartados durante el desarrollo del proceso judicial.
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de una investigación que comenzó con la primera Operación Cobra, en la que fueron procesados, entre otros, el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros nueve imputados.
