DIARIO PUERTO PLATA.-La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta, uno de los imputados en la denominada Operación Onco14, investigación que lleva el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, luego de que el Ministerio Público solicitara mantener la prisión preventiva. El tribunal determinó que no habían cambiado las circunstancias que fueron consideradas cuando se impuso la medida en junio pasado.
Lora Cruceta, quien fue presidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y forma parte de la junta directiva del IORC, permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.
Su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, también cumple 18 meses de prisión preventiva en el CCR Rafey Mujeres. Guzmán preside la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
La Corte de Apelación de Santiago ratificó este mes la medida de coerción contra Guzmán, a solicitud del Ministerio Público. Su próxima revisión obligatoria fue fijada para el 2 de diciembre, debido a que el plazo de tres meses comenzó nuevamente a contarse desde el 2 de septiembre, cuando la Corte conoció el recurso.
En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, cumple arresto domiciliario y renunció a la revisión de esa medida. Según el Ministerio Público, Vargas Sánchez fue vicepresidenta y ejerció funciones de auditora interna y externa del Patronato durante el período en que Lora Cruceta presidía esa entidad. Ambos se divorciaron en 2014.
Investigación por presuntas irregularidades
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la investigación contempla presuntas irregularidades vinculadas al manejo de los recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y a servicios relacionados con el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Entre los hechos investigados figuran un presunto fraude clínico y farmacéutico, que habría involucrado cambios en indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsificados, doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y entrega incompleta de medicamentos.
El órgano persecutor también investiga la presunta venta de medicamentos donados, restricciones a donaciones gratuitas, contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.
Asimismo, el expediente incluye alegaciones sobre el supuesto uso de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, gastos de representación considerados ilegítimos por el Ministerio Público, reembolsos fraudulentos relacionados con viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y presunto lavado de activos.
Según la acusación preliminar, otra de las líneas investigadas apunta a la creación de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, que habría sido utilizada, presuntamente, para distraer fondos y facturar a SeNaSa servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes del oncológico de Santiago.
El Ministerio Público también señala una presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios a personas vinculadas a las entidades bajo investigación.
El caso fue declarado de tramitación compleja y permanece en fase de investigación.
Ministerio Público vincula el caso con otros procesos de SeNaSa
El Ministerio Público también informó sobre la Operación Cobra 2.0-A, otro proceso relacionado con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
En ese expediente, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso distintas medidas de coerción a 24 personas arrestadas durante la operación, incluyendo prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas.
La revisión obligatoria de las medidas de prisión preventiva quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.
El órgano persecutor recordó además que una de las líneas de investigación de la Operación Cobra comenzó a judicializarse el año pasado con el arresto del exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros imputados.
A este grupo, según el Ministerio Público, se le atribuyen presuntos delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
