De 62,598 denuncias de violencia de género e intrafamiliar recibidas en el 2023 por el Ministerio Público, los jueces emitieron 30,088 órdenes de protección o alejamiento. Además, acogieron 1,689 medidas de coerción de las 2,192 solicitadas por los fiscales.
En los cuatro primeros meses del 2024, se emitieron 12,534 órdenes de protección a mujeres que han denunciado violencia, de 20,019 casos registrados en el Departamento de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República.
La llamada orden de protección o de alejamiento está reconocida como una medida cautelar, establecida en la Ley No. 24-97 sobre violencia intrafamiliar, que en su artículo 309-4 ordena la protección de la mujer en todas las situaciones: «El tribunal dictará orden de protección a favor de la víctima de violencia, no pudiendo, en ningún caso, acogerse a circunstancias atenuantes en provecho del agresor».
Además, el artículo 309-6 indica que se dicte contra un agresor una «orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar al cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual. O de interferir en la guarda o custodia provisional o definitiva acordada en virtud de la ley o de una orden judicial».
Pero estas medidas han demostrado que no son suficientes para proteger a las mujeres que acuden al Estado, a través del Ministerio Público o la Policía Nacional, a denunciar violencia verbal, física o psicológica.
De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas en el portal web de la Procuraduría, en el 2023 se registraron 65 feminicidios. En muchos de estos casos las autoridades emitieron órdenes de protección o alejamiento a las mujeres víctimas de la violencia machista, lo que no evitó un desenlace fatal. En los primeros seis meses de 2024, las autoridades informaron sobre 28 feminicidios.
