Santo Domingo.-Luego de que la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de prisión preventiva por garantía economía de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica, las reacciones a las afueras de las sala de audiencia no se hicieron esperar.
Representantes del Ministerio Público, los querellantes civiles y la propia barra de defensa del exfuncionario salieron a expresar sus pareceres particulares sobre lo ocurrido.
Pedro Balbuena, parte de la defensa de Peralta, señaló que aunque la variación de medida de coerción «era necesaria» entienden que la misma es «insuficiente» y seguirán trabajando para el «cierre definitivo» del caso.
«Esta medida que es la correcta, entendemos a raíz de la circunstancias, debió de ser dictada hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que José Ramón Peralta debió de estar en libertad, no debimos de haber llegado hasta aquí, siete meses después, con una persona que no representa peligro de fuga…y que además las evidencias que existen no sirven ni para siquiera promover su caso penal», señaló Balbuena.
Emery Rodríguez, también de la defensa de Peralta, añadió que será a partir de tempranas horas de la mañana del miércoles en qué se presentarán a la secretaria del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para obtener el dispositivo y tramitar la salida de Peralta del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
El representante del Ministerio Público, Arolin Lemoz, señaló que la presentación de las autoridades sobre que Peralta, fuera de la cárcel podría propiciar el ocultamiento de pruebas en su contra, se siguen manteniendo aunque la jueza haya tomado la decisión de variar la medida de coerción o no.
«El Ministerio Público va a mantener sus principios de imputación contra José Ramón Peralta y los demás imputados de este caso. Entendemos que el Ministerio Público está haciendo el trabajo que debe, ya es parte del Poder Judicial hacer el que le corresponde» expresó Lemoz, quien aunque no comentó sobre si apelarían la decisión del tribunal o no, indicó que las autoridades están «comprometidas» a presentar una acusación «fuerte».
