DIARIO PUERTO PLATA.-El Ministerio Público reveló que la presunta red criminal desarticulada mediante la Operación XL 526 habría desarrollado un sofisticado esquema de ciberextorsión que afectó a más de 400 ciudadanos estadounidenses, utilizando anuncios falsos de servicios sexuales para captar y posteriormente amenazar a sus víctimas.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura operaba principalmente desde el municipio de San Francisco de Jacagua y el sector Los Cocos, en Santiago, donde funcionaban centros de llamadas equipados con herramientas tecnológicas destinadas a ejecutar fraudes y maniobras de intimidación a gran escala.
Las autoridades sostienen que el grupo publicaba anuncios ficticios en páginas de citas y encuentros para adultos. Cuando una persona establecía contacto, los operadores recopilaban información personal y, en algunos casos, obtenían pagos iniciales mediante tarjetas de regalo u otros métodos electrónicos.
Posteriormente, los integrantes de la organización profundizaban la recopilación de datos utilizando registros públicos en Estados Unidos, logrando obtener direcciones, información laboral, nombres de familiares y otros detalles privados de las víctimas.
Con esos datos en su poder, los sospechosos retomaban la comunicación haciéndose pasar por representantes de las supuestas mujeres anunciadas y exigían pagos alegando pérdidas económicas o incumplimientos. Cuando las víctimas se resistían, comenzaba una fase de amenazas y presión psicológica.
Según el expediente, los estafadores afirmaban pertenecer a organizaciones criminales internacionales como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas. Para hacer más creíbles sus amenazas, enviaban videos, fotografías y mensajes personalizados con imágenes de individuos armados, acompañados de información privada de las víctimas.
El Ministerio Público asegura que el temor generado por estas amenazas llevó a numerosas personas a realizar transferencias de dinero a través de plataformas digitales como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay y sistemas basados en criptomonedas.
La investigación establece que la organización utilizaba colaboradores en territorio estadounidense para recibir los fondos y luego remitirlos a República Dominicana mediante empresas de envío de dinero, cobrando comisiones por cada transacción para dificultar el rastreo de los recursos.
Durante los allanamientos ejecutados como parte de la Operación XL 526, las autoridades ocuparon teléfonos celulares, equipos tecnológicos, máquinas contadoras de dinero, sellos de entidades financieras falsas y barras de oro que presuntamente estarían vinculadas a las actividades ilícitas.
Además, los fiscales afirman haber detectado movimientos financieros por decenas de millones de pesos y la adquisición de propiedades que podrían estar relacionadas con operaciones de lavado de activos. También señalaron que varios de los investigados no registraban actividades económicas formales que justificaran el patrimonio acumulado.
La acusación está sustentada en interceptaciones telefónicas, análisis forenses, informes periciales y registros de transacciones financieras que, según el órgano acusador, evidencian el funcionamiento de la supuesta organización criminal.
El próximo lunes un tribunal de Atención Permanente conocerá la solicitud de medidas de coerción contra los implicados, mientras el Ministerio Público busca que el caso sea declarado complejo debido a la cantidad de acusados y al alcance internacional de las operaciones investigadas.
