DIARIO PUERTO PLATA.-La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce este miércoles el recurso de apelación presentado por la defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta una investigación por presuntamente haber recibido un soborno de 10 mil dólares de un testigo relacionado con el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia, los magistrados evalúan la solicitud de la defensa para revocar la decisión emitida por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien ordenó tres meses de prisión preventiva contra el representante del Ministerio Público.
Valdez Alcántara, miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cumple actualmente la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el fiscal habría recibido una suma de dinero en efectivo entregada por el testigo Roberto Canaán durante el desarrollo de las investigaciones vinculadas al caso Senasa.
Al justificar la imposición de la prisión preventiva, la jueza Muñiz consideró que, tras producirse la entrega del dinero, existían elementos suficientes para configurar una situación de flagrancia, lo que permitió la intervención de las autoridades con el objetivo de preservar evidencias y evitar que el investigado escapara del control previamente autorizado.
En relación con los cuestionamientos realizados por la defensa sobre un allanamiento, la magistrada sostuvo que la orden judicial fue emitida específicamente para la residencia de Aurelio Valdez Alcántara y recordó que los propios abogados reconocieron que el operativo fue ejecutado en dicho inmueble.
Asimismo, la jueza indicó que para valorar el riesgo de fuga no solo deben tomarse en cuenta aspectos como domicilio fijo, arraigo familiar, laboral o económico, sino también las circunstancias propias del hecho investigado y la gravedad de la imputación.
En la audiencia participan por el Ministerio Público el director general de Persecución, Wilson Camacho, junto a los procuradores fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
El proceso es conocido por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, donde ambas partes exponen sus argumentos sobre la legalidad y pertinencia de la medida cautelar impuesta al fiscal investigado.
