SANTO DOMINGO.-Al cumplirse casi ocho meses de su detención, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, es el único de los encartados en el caso Calamar que permanece detenido.
Sus abogados se quejan de que no se ha producido una audiencia para el conocimiento de la revisión de la medida de prisión preventiva.
Según su equipo legal, el Ministerio Público continúa obstaculizando la justicia con la única finalidad de mantener ilegalmente a su defendido en prisión.
Uno de sus abogados, Pedro Balbuena, dijo que el Ministerio Público insiste en evitar que un juez escuche a Peralta con el propósito de que no se conozca la verdad en torno a una infundada acusación.
“Aquí se pretende que no se conozca la verdad; por eso el Ministerio Público obstaculiza que un juez revise la medida de coerción de prisión de José Ramón Peralta Fernández, quien hoy lleva 226 días en prisión arbitraria, ilegal e injusta”, expresó el jurista.
Balbuena se refirió al tema luego de que la jueza encargada del caso en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, aplazara el conocimiento para el próximo martes, a fin de citar a la familia Mota, uno de los querellantes en el proceso.
Dijo que en la audiencia, el Ministerio Público al fallar en su intento de convencer a la magistrada de que aplazara el conocimiento del caso, recurrió a una estrategia con ese mismo sentido, recurriendo a uno de los actores civiles.
Balbuena consideró que lo que procede en derecho es que Peralta Fernández sea excluido del expediente por no haber cometido crimen o delito alguno.
Planteó que su defendido ha llevado una vida pulcra en su accionar, tanto en lo público como en lo privado, “lo cual ha sido corroborado públicamente por personalidades de incidencia en la vida nacional”.
Señaló que el exministro Administrativo de la Presidencia ha sido desde el primer día un preso sin causa y al margen de la ley, en virtud de que conforme a la legislación dominicana, para una persona ser reducida a prisión es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo.
“En este caso no concurren ni una cosa, ni la otra, lo único aportado por el Ministerio Público para generar la apariencia de un ilícito, fue un interrogatorio”.
