DIARIO PUERTO PLATA.-El proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes alteren o distorsionen los resultados de sorteos, apuestas o cualquier modalidad de juego de azar.
La iniciativa busca modernizar y unificar las normas que regulan un sector que actualmente cuenta con más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas en el país.
De acuerdo con el artículo 164, numeral 2, quienes alteren por cualquier medio el resultado de las apuestas o de un juego de azar podrían ser sancionados con cinco a 10 años de prisión mayor, además de multas de entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público.
Sanciones por manipulación de máquinas y sistemas
El proyecto también establece penas para quienes intervengan máquinas tragamonedas u otros dispositivos de juegos de azar con el propósito de modificar sus mecanismos de pago o sistemas internos sin autorización.
El artículo 163, numeral 1, contempla para estas acciones penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de entre nueve y 15 salarios mínimos.
La misma sanción podría aplicarse a desarrolladores, programadores o técnicos que creen software, aplicaciones o servicios electrónicos destinados a comercializar sorteos o juegos de azar sin contar con la autorización de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).
Asimismo, la propuesta sanciona a quienes manipulen deliberadamente componentes de dispositivos de juego para hacerlos funcionar de manera distinta a su diseño original con la intención de engañar.
Empresas podrían ser disueltas
Cuando las prácticas fraudulentas sean cometidas a través de una sociedad comercial, las sanciones también podrían alcanzar a la persona jurídica.
El artículo 165 establece multas para las empresas en función del delito cometido, mientras que el artículo 167 contempla medidas más severas cuando una compañía sea utilizada como fachada o instrumento para cometer estas infracciones.
Entre las consecuencias previstas figuran la disolución definitiva de la sociedad, clausura de establecimientos, vigilancia judicial por hasta cinco años y la incautación o decomiso de bienes utilizados para cometer el fraude.
Operación 13 como antecedente
La iniciativa legislativa toma relevancia en un sector que ha enfrentado casos de manipulación de sorteos, entre ellos la denominada Operación 13, relacionada con el fraude cometido durante el sorteo de quinielas de la Lotería Nacional del 1 de mayo de 2021.
Según la acusación del Ministerio Público, una estructura habría coordinado la alteración del sorteo para favorecer la salida del bolo número 13 y obtener beneficios económicos mediante apuestas realizadas con conocimiento previo del resultado.
Las autoridades estimaron que la operación provocó pérdidas superiores a RD$500 millones.
El proceso judicial concluyó con condenas contra varios de los implicados y, en febrero de 2026, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó recursos de casación, dejando definitivas las condenas contra ocho personas vinculadas al caso.
El Congreso Nacional inició el pasado domingo 16 de agosto la Segunda Legislatura Ordinaria de 2026. En esta etapa, el Senado deberá conocer las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto antes de su eventual aprobación y posterior envío al Poder Ejecutivo para su promulgación.
