El proyecto sometido ayer por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), establece una serie de precisiones y prohibiciones que limitan el campo de acción de esta institución.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó en el Senado la pieza, que previamente fue consensuada con la Sociedad Dominicana de Diarios y otras organizaciones de la sociedad civil, que cuestionaron la reciente legislación argumentando que viola artículos de la Constitución que consagran derechos a la intimidad y el honor, y la libertad de expresión e información, entre otros.
El texto del controvertido artículo 11, que obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas a entregar informaciones a la DNI sería transformado para dejar en claro los requisitos legales que deben cumplirse previamente.
El nuevo artículo 11 rezaría: “Toda información necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la DNI, cuando involucre procedimientos especiales de obtención de información… estará sometida a la autorización y control judicial, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal”.
Se elimina el párrafo de este mismo artículo que obligaba a las entidades públicas y privadas a “permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones”.
El artículo 26, que dispone sanciones de hasta tres años de prisión para aquellos que oculten informaciones requeridas por la DNI, establece que el delito ocurrirá sólo cuando exista “la autorización judicial de la autoridad competente”.
