Santo Domingo.– Rossy Guzmán, quien se encuentra en prisión preventiva por su implicación en la operación Coral, no solo era una pastora al frente de la iglesia Shalom Tierra de Paz, sino que también era prestamista y ha decidido cobrarle dinero a todas las personas que le deben, según lo relatado por su abogado Julio César Gómez.

Guzmán presentó una querella contra Yessica Esther Madera Madera, quien supuestamente le debe la suma de un millón de pesos y aún no le paga, por lo que acudió este jueves a los tribunales del Distrito Nacional.

Se recuerda que la pastora está siendo acusada por las autoridades por pertenecer a una red de corrupción militar que encabezaba el exjefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres, quien también se encuentra en prisión.

Este mismo mes, la Segunda Sala de la Cámara Penal  de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso mantener en prisión a Guzmán Sánchez (La Pastora) y a su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán.

El tribunal, integrado por los jueces Pedro Sánchez, Luis Tomás Jiménez y Rosalba Garib, rechazó un recurso de apelación de los imputados y confirmó la resolución impugnada que mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva porque no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma.

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En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, así como del cabo policial Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.

Ante la decisión que lo envió a prisión los imputados han hecho varios intentos en diferentes tribunales para que le sea variada la medida, sin lograr sus pretensiones.

El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.