DIARIO PUERTO PLATA.-El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación y presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será presidida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene a su cargo el control judicial del proceso.
Los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitaron que se les concedan cuatro meses adicionales para concluir las investigaciones y presentar el acto conclusivo.
El tribunal deberá determinar si acoge la petición del órgano acusador o si, por el contrario, ordena a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentar la acusación correspondiente.
Diez personas bajo investigación
Además de Santiago Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Los primeros cinco permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma cumple arresto domiciliario.
También están involucrados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen medidas de arresto domiciliario.
De acuerdo con el expediente, algunos de estos últimos habrían admitido ante el tribunal el pago de sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa, lo que habría incidido en la imposición de medidas menos gravosas.
Presunto fraude supera los RD$19,000 millones
El Ministerio Público acusa al grupo de formar parte de una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones, aunque investigaciones posteriores sitúan el monto por encima de RD$19,000 millones.
Según la acusación, las operaciones investigadas se habrían desarrollado entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El órgano persecutor ha reiterado que la investigación continúa abierta y que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
