Tribunal establece la medida de coerción contra los arrestados de la Operación Colibrí

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Santiago.- La jueza Iris Borge de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción aplazó para el jueves 16 de noviembre el conocimiento de la medida de coerción contra 16 implicados en la Operación Colibrí.

La audiencia efectuó en la sala del tercer juzgado de la instrucción debido a la cantidad de implicados y fue aplazada por pedimento de los abogados para presentar presupuestos y estudiar el expediente.

En la Operación Colibrí, los implicados están acusados de actividades fraudulentas vinculados a la falsificación de documentos públicos y amenazaron la seguridad jurídica y laceraron la confianza institucional, además en el expediente acusatorio vulneraron el sistema del registro civil del país.

Los detalles de los ilícitos cometidos por la estructura que, principalmente, atacó el sistema de la Junta Central Electoral, están contenidos en la instancia de solicitud de medidas de coerción que tiene más de doscientas páginas el expediente y en el que el ministerio público pide que le imponga la prisión preventiva por 18 meses y se declare de tramitación compleja el proceso.

Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.

La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolló con el apoyo de la Junta Central Electoral.

Durante las diligencias de campo, se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.

Además, entre lo incautado hay dispositivos electrónicos que utilizaban para el borrado de datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.

Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.

Tenían en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial, el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.

También apostillaban documentos, luego de ser adulterados, para que se pudieran utilizar en el extranjero.

Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.

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