PUERTO PLATA.- Un grupo de ciudadanos extranjeros que fueron estafados a través de las financieras Morales Comercial, Inversiones, Prestamos y Descuentos (INPREDESA) que operaban infringiendo la Ley Monetaria y Financiera, denunciaron que los directivos de esas entidades luego de habérseles impuesto un año de prisión preventiva por una medida de coerción, han buscado diferentes excusas para no ir a la cárcel y fueron internados en una clínica privada de Puerto Plata, fingiendo estar enfermos.
En una nota de prensa remitida a la redacción de este medio por la comunicadora Laura Castellanos, se indica que los señores Juan Carlos Morales Capellá y su esposa Lourdes Victoria Plá de Morales, quienes están acusados de cometer los delitos de estafa agravada, lavado de activos, asociación de malhechores y violación a la ley monetaria y financiera, son mantenidos en una habitación de un centro médico local; mientras que su hijo, Juan Carlitos Morales Plá, supuestamente permanece en una cómoda habitación en la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en franca violación a la disposición que ordena su envío a prisión.
Asimismo, los extranjeros de nacionalidad francesa y canadiense que pidieron anonimato de sus nombres debido a la complicidad con que algunas personas se han manejado con este caso, indicaron que ya se sabe que los imputados están apelando la medida de coerción que los envió a prisión y presuntamente está todo arreglado, para que la Corte de Apelación de Puerto Plata, les varíe la prisión preventiva por una prisión domiciliaria, mientras que los más de mil 100 millones de pesos que han desaparecido, no se sabe su paradero e instan a la Superintendencia de Bancos a realizar una investigación de donde fueron a parar esos ahorros.
Los denunciantes hacen un llamado a las autoridades de Puerto Plata, a que no empañen el nombre de la justicia con actos de impunidad como los que se pretenden hacer, mientras muchas que familias han visto desaparecer sus ahorros, su futuro, su salud y su bienestar, en manos de los imputados, por lo que llaman la atención del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para que no permitan más burlas y escándalos en la justicia puertoplateña.
Advierten que se mantendrán vigilantes y que denunciaran esta situación en sus países ya que solo han confiado en las acciones llevadas a cabo por la Procuraduría Fiscal y la Oficina Jurídica de Atención Permanente de Puerto Plata, quienes escucharon el sentir de los afectados, pero están seguros de que se está moviendo algo raro y no santo, ante la Corte de Apelación de Puerto Plata para que los imputados queden en libertad, alegando situación de edad, salud y de arraigos solventes como son propiedades y otras activos.
En tanto que el abogado César Amadeo Peralta quien es el presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano, atribuyó hoy a la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos, la cantidad de financieras que han colapsado en los últimos meses y que han defraudado a miles de ahorristas.
Peralta culpó a las autoridades monetarias de la debacle que ha llevado a la quiebra a muchas financieras que operaban en el mercado local sin regulación ni fiscalización, por lo cual pidió a las autoridades monetarias ser más estrictas con la fiscalización de ese tipo de negocio e instó al Congreso Nacional para que modifique la Ley Monetaria y Financiera, la cual dice que es muy vulnerable “como lo demuestran los fraudes que se producen, inclusive en entidades reguladas”.
Sostuvo que la falta de regulación fue lo que provocó la quiebra del Banco Peravia y las financieras Belgar, Inversia, Banco Providencial, Corporación de Crédito Rona, Inversiones y Préstamos Veganos, Morales Comercial e Inversiones Préstamos y Descuento S.A. (IMPREDESA), estas dos últimas en Puerto Plata ya que hay falta de supervisión de la Superintendencia, la cual debió cerrar todas estas entidades que no se regularon para el año 2004 e insistió que el fraude en esas entidades supera 7 mil millones de pesos.
