DIARIO PUERTO PLATA.-Cuatro hombres fueron condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión por su participación en un esquema fraudulento que sustrajo recursos públicos destinados a familias vulnerables mediante el programa de asistencia social Quédate en Casa, creado durante la pandemia de la COVID-19.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, que impuso diez años de cárcel a Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, además del pago de RD$2 millones como indemnización a favor de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.
Asimismo, Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa recibieron siete años de prisión cada uno, con indemnizaciones individuales de RD$1 millón y multas de 250 salarios mínimos del sector público.
En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes fue condenado a cinco años de cárcel, al pago de RD$1 millón de indemnización y una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
Las indemnizaciones establecidas suman RD$5 millones a favor de la ADESS, actualmente Dirección de Desarrollo Social Supérate. Además, el tribunal ordenó el decomiso de cerca de RD$1 millón que había sido ocupado a Villegas Aquino.
Así operaba el fraude
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los implicados utilizaban información personal y códigos de beneficiarios de programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, asociados a establecimientos comerciales.
El esquema permitió sustraer fondos del programa Quédate en Casa, creado para brindar asistencia económica a hogares en condiciones de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria.
Como parte de los allanamientos, las autoridades ocuparon equipos electrónicos, dispositivos para procesar pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.
Las evidencias recolectadas, junto con los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), fueron utilizadas por el órgano acusador para sustentar el expediente.
La acusación también estableció que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran destinados a la adquisición de bienes y actividades comerciales, con el propósito de aparentar que tenían un origen legítimo.
Los procesados fueron acusados de estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores para cometer fraude contra el Estado y lavado de activos, en violación del Código Penal y las leyes 53-07 y 155-17.
Ministerio Público apelará absolución de otros cuatro implicados
En el mismo proceso, el tribunal declaró no culpables a Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández. Sin embargo, el Ministerio Público anunció que apelará esa decisión.
El órgano acusador había solicitado penas más elevadas para los procesados que finalmente fueron condenados, incluyendo 20 años de prisión para Daniel Villegas Aquino y Ambriori Encarnación Ubrí, y 15 años para Héctor Leury Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes.
Los cuatro condenados cumplirán sus sentencias en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, conforme a lo dispuesto por el tribunal.





