DIARIO PUERTO PLATA.-
El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo una acción directa de inconstitucionalidad que procura la despenalización del aborto en determinadas circunstancias y cuestiona varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal.
La decisión fue anunciada por el presidente de la alta corte, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, luego de escuchar los argumentos de las partes accionantes, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), abogados del Senado y de la Cámara de Diputados, así como de diversos intervinientes voluntarios.
Debido a la relevancia y complejidad del caso, el magistrado otorgó plazos especiales antes de emitir la sentencia definitiva. En ese sentido, concedió cinco días hábiles a los accionantes y a quienes respaldan su posición para responder a las intervenciones presentadas durante el proceso. Posteriormente, se abrirá un segundo plazo de cinco días para que las partes contrarias puedan replicar los escritos depositados.
Concluida esa fase, el Tribunal Constitucional procederá a emitir y notificar su decisión conforme a los plazos establecidos por la ley.
Procuraduría y Congreso defienden constitucionalidad del Código Penal
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República solicitó el rechazo de la acción presentada por Rosa Herminia Hernández, la Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y Católicas por el Derecho a Decidir de República Dominicana (CDDRD), quienes impugnan los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 del nuevo Código Penal.
La PGR sostuvo que la demanda intenta otorgar una interpretación extensiva a tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Asimismo, defendió el nuevo esquema penal, calificándolo como coherente y sustentado en principios de protección de la vida, dignidad humana y eximentes de responsabilidad para situaciones excepcionales.
De igual forma, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados defendieron la constitucionalidad de la legislación y afirmaron que su aprobación se realizó conforme a los procedimientos establecidos por la Carta Magna.
Accionantes piden incluir las tres causales
En representación de los accionantes, el jurista Cristóbal Rodríguez y representantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) argumentaron que la penalización absoluta del aborto vulnera derechos fundamentales como la salud, la integridad física, la dignidad y la igualdad.
Los demandantes solicitaron modificar el artículo 111 para incorporar expresamente las llamadas tres causales: cuando la vida o salud de la mujer esté en peligro, cuando exista inviabilidad fetal incompatible con la vida y cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.
Además, propusieron que cualquier interrupción del embarazo en esos casos requiera el consentimiento libre e informado de la mujer y se realice conforme a protocolos médicos establecidos.
Colectivos provida piden rechazar la demanda
Por su parte, organizaciones religiosas y comunitarias identificadas con la defensa de la vida desde la concepción solicitaron al Tribunal Constitucional rechazar la acción de inconstitucionalidad.
Representadas por el abogado Juárez Víctor Castillo Semán, estas entidades defendieron su derecho a intervenir en el proceso y argumentaron que su participación fortalece el debate constitucional y garantiza una discusión plural sobre un tema de alto interés nacional.
Los colectivos solicitaron al TC mantener la vigencia de los artículos impugnados y rechazar cualquier intento de despenalización del aborto mediante decisión judicial.
La decisión final del Tribunal Constitucional será emitida una vez concluyan los plazos otorgados a las partes para depositar sus escritos complementarios.
