DIARIO PUERTO PLATA.-El caso de Wander Franco se ha convertido en uno de los procesos judiciales más controversiales y debatidos de los últimos años en República Dominicana. El Tribunal Colegiado de Puerto Plata lo declaró penalmente responsable de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad, pero al mismo tiempo le otorgó un perdón judicial, figura legal que evita que cumpla condena en prisión.
La decisión ha generado opiniones divididas en la sociedad. Mientras algunos consideran que el tribunal aplicó correctamente la ley, otros entienden que el fallo envía un mensaje contradictorio debido a la gravedad del caso.
La sentencia fue emitida por los jueces José Antonio Núñez, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, quienes concluyeron que Franco incurrió en responsabilidad penal en perjuicio de la adolescente.
No obstante, el tribunal consideró que el pelotero también fue afectado por un esquema de manipulación y aprovechamiento económico encabezado por la madre de la menor, quien, según el fallo, recibió dinero y beneficios relacionados con la relación entre el jugador y la adolescente.
Ese elemento fue determinante para que los magistrados aplicaran el artículo 346 del Código Procesal Penal Dominicano, específicamente el numeral 3, que contempla el perdón judicial en circunstancias excepcionales.
El perdón judicial no significa inocencia. Jurídicamente implica que el tribunal reconoce la culpabilidad del acusado, pero entiende que existen factores extraordinarios que hacen innecesaria la imposición de una pena.
En este caso, la madre de la menor fue condenada a diez años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, tras comprobarse que obtuvo beneficios económicos derivados de la situación.
Según el tribunal, Franco fue responsable penalmente, pero también resultó víctima indirecta de adultos que utilizaron a la menor con fines económicos, describiendo el caso como una conducta motivada por intereses lucrativos.
A pesar de los fundamentos legales presentados en la sentencia, el debate social continúa abierto debido a la complejidad moral del caso y al impacto público de la decisión judicial.
La investigación comenzó en 2023 luego de denuncias difundidas en redes sociales sobre una presunta relación entre el jugador y una adolescente. Posteriormente, el Ministerio Público presentó evidencias relacionadas con transferencias económicas y contactos frecuentes, lo que derivó en el arresto formal del pelotero en enero de 2024.
