DIARIO PUERTO PLATA. -Presidente Abinader relanza programa Mi Vivienda, que proyecta más de 8,300 apartamentos para beneficiar a 25,000 dominicanos de ingresos medios y bajos.

Ministro de Vivienda, Carlos Bonilla destaca que el Gobierno otorga un subsidio que representa casi un 50% del valor de la vivienda, junto al bono ITBIS y otros aportes que elevan la ayuda estatal a un total de RD$1,200,000, una cifra sin precedentes en la historia de las políticas habitacionales del país.

El presidente Luis Abinader relanzó el Programa Mi Vivienda que contempla la construcción y entrega de 8,381 nuevos apartamentos en una iniciativa estratégica destinada a ampliar el acceso a un hogar digno para miles de familias dominicanas, el cual se enmarca dentro del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, la hoja de ruta que guía las políticas y prioridades del sector para la próxima década.

En el acto, el ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, destacó los avances sin precedentes logrados durante los cinco años de gestión del presidente Abinader en materia habitacional, período en el que se han entregado más de 20 mil viviendas a familias dominicanas a través de los distintos programas del Gobierno.

Bonilla afirmó que este esfuerzo ha sido posible gracias al liderazgo y la visión del presidente Abinader, quien ha impulsado una política pública centrada en garantizar que cada familia dominicana pueda acceder a un hogar propio. “Cinco años cumpliendo sueños, cinco años entregando viviendas, cinco años haciendo historia y cambiando la vida a las familias dominicanas”.

Subsidios históricos y condiciones claras para los beneficiarios

El ministro Bonilla explicó que el programa Mi Vivienda ofrece requisitos claros, precisos y transparentes para asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan. Señaló que el Gobierno otorga un subsidio que representa casi un 50% del valor de la vivienda, junto al bono ITBIS y otros aportes que elevan la ayuda estatal a un total de RD$1,200,000, una cifra sin precedentes en la historia de las políticas habitacionales del país.

Además, destacó la tasa preferencial fija de 8% por siete años otorgada por el Banco de Reservas, lo que permite a las familias planificar sus ingresos y gastos con estabilidad.

Agregó que, gracias a estas facilidades, familias que antes pagaban RD$7,000 o RD$10,000 mensuales por alquileres en condiciones precarias viviendas de madera, pisos de tierra o estructuras inseguras hoy destinan ese mismo monto a pagar la cuota de su propio hogar, digno y titulado. “Sin estas ayudas del gobierno hubiera sido imposible que esas familias puedan tener ese sueño de tener una vivienda propia».

Especificaciones técnicas y requisitos de los proyectos

El funcionario informó que, además de los requisitos para los beneficiarios, los proyectos habitacionales también deben cumplir criterios estrictos. Entre ellos, la integración de contadores inteligentes, con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit eléctrico nacional.

Asimismo, las viviendas deben cumplir con dimensiones mínimas que garanticen funcionalidad y habitabilidad. Los proyectos incluyen unidades de dos y tres habitaciones, sala, comedor, áreas de parqueo comunes y, en algunos casos, parqueos individuales y balcones, según el diseño de cada desarrollador.

33 proyectos postulados en primera etapa

Bonilla anunció que, en esta primera etapa, el MIVED ha recibido 33 proyectos postulados, que contemplan 8,381 unidades habitacionales, de las cuales 19 proyectos ya están calificados y habilitados con la meta de impactar a más de 25,000 personas.

En el Gran Santo Domingo destacan el Distrito Nacional, proyectos calificados; Santo Domingo Este: 1,749 unidades; Santo Domingo Norte, más de 2,000 unidades; Santo Domingo Este (segunda franja), Casi 1,500 unidades, San Antonio de Guerra, 780 unidades y Boca Chica más de 200 unidades.

También, explicó que existen proyectos calificados en diversas provincias del interior del país, abarcando el 38% del territorio nacional y dijo que, el primer proceso de convocatoria del programa Mi Vivienda recibió más de 150,000 solicitudes, y se espera que esta nueva fase supere el medio millón, debido al éxito comprobado del programa y la confianza de la población.

Acceso a la plataforma y proceso de aplicación

El ministro anunció que, a partir de hoy, los ciudadanos pueden acceder al portal oficial mivivienda.gov.do, donde podrán ver todos los proyectos disponibles e identificar al desarrollador responsable de cada proyecto, asimismo comunicarse directamente con el desarrollador e iniciar su proceso de calificación.

Indicó que el beneficiario recibirá un prebono, que les permitirá firmar con el desarrollador una vez cumplan los requisitos establecidos y cuando el préstamo sea aprobado y la vivienda esté lista para la entrega, el MIVED completará el bono final para que la familia pueda adquirir su hogar.

El proyecto se ejecuta mediante FONVIVIENDA, brazo operativo del MIVED encargado de supervisar y garantizar la calidad de los proyectos habitacionales, con subsidios que cubrirán entre 27% y 50% del valor de la vivienda, dependiendo del tipo de unidad seleccionada.

Asistieron al acto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director del Fondo Nacional de la Vivienda, John Anderson y el gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van der Horst.

Dirección de Prensa del Presidente

DIARIO PUERTO PLATA. -El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) lanzó este jueves la nueva etapa del programa Mi Vivienda, un proyecto que, según explicó el ministro Carlos Bonilla, busca seguir acercando a miles de familias dominicanas al sueño de tener un hogar propio.

Durante el acto, Bonilla resaltó que estos cinco años de gestión del presidente Luis Abinader han sido “históricos” para el país en materia habitacional. Además recordó que el Estado ha destinado más de RD$16,000 millones para hacer realidad estas soluciones habitacionales.

“Este es un problema que solo se resuelve con voluntad y con recursos, y el Gobierno ha puesto ambas cosas sobre la mesa”, añadió.

Bonilla reiteró que Mi Vivienda sigue siendo “el programa más exitoso del Gobierno”, en gran medida por las facilidades de financiamiento y los subsidios que ofrece.
Explicó que, gracias a la tasa preferencial del 8% fija por siete años, otorgada por el Banco de Reservas, las familias que antes pagarían RD$30,000 mensuales ahora solo pagan entre RD$12,000 y RD$14,000.

“Sin estas ayudas del Gobierno, hubiera sido imposible para muchas familias lograr ese sueño”, enfatizó.

Dijo además que el Bono Mi Vivienda cubre hasta el 50% del valor del inmueble, al que se suma el bono ITBIS y las condiciones especiales del préstamo.

“Estamos hablando de un subsidio total de alrededor de 1 millón 200 mil pesos. Eso no se había visto en ningún gobierno”, aseguró.

“Esto es para familias que ganan menos de cuatro salarios mínimos y que nunca hayan tenido una vivienda. Si alguien gana más, puede ir al sector privado”, aclaró.

Bonilla explicó que los proyectos deben cumplir con requisitos específicos, entre ellos la instalación de contadores inteligentes para aportar a la reducción del déficit eléctrico nacional. También señaló que las viviendas tendrán dos o tres habitaciones, sala, comedor y, dependiendo del proyecto, balcón y parqueos.

“Queremos viviendas funcionales y dignas, no algo improvisado”, sostuvo.

El ministro anunció que actualmente hay 33 proyectos en proceso de calificación, equivalentes a más de 8,000 viviendas, y que 19 de ellos ya están aprobados.

Según Bonilla, esta nueva etapa podría superar las 500 mil postulaciones, muy por encima de las 150 mil que recibió la primera convocatoria.

“La gente estaba esperando este relanzamiento”, dijo.

El funcionario invitó a los ciudadanos a entrar a mivivienda.gob.do, donde pueden ver los proyectos, contactar a los desarrolladores y comenzar su proceso.

“Desde hoy mismo pueden entrar, ver su proyecto y empezar su camino a tener un hogar propio”, concluyó.

DIARIO PUERTO PLATA. –La Dirección Regional de Educación 08 anunció nuevas regulaciones para la realización de paseos, excursiones y actividades extracurriculares en los centros educativos, luego del fallecimiento de una estudiante de 11 años durante una salida escolar en Santiago.

La disposición, emitida el pasado 21 de noviembre, establece que los padres o tutores deberán recibir información detallada, por escrito y con tres semanas de anticipación, sobre cada actividad programada. El documento deberá especificar condiciones, costos, itinerario, transporte, supervisión y cualquier aspecto vinculado con la seguridad de los estudiantes durante la salida.

La medida surge siete días después del hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa: la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, quien presuntamente falleció por asfixia por inmersión durante una excursión del Colegio Da Vinci. El caso ha motivado cuestionamientos sobre los procedimientos y niveles de supervisión en actividades escolares fuera del plantel.

El protocolo también dispone que toda excursión o salida debe estar contemplada en el Plan Anual de Clases o al inicio del semestre, y deberá ser solicitada con al menos 45 días de anticipación ante el distrito educativo correspondiente, que deberá evaluar y aprobar la solicitud.

Las autoridades sostienen que el objetivo de esta regulación es elevar los estándares de seguridad, aumentar la transparencia hacia las familias y garantizar un proceso de autorización más riguroso antes de que los estudiantes participen en actividades fuera del recinto escolar.

DIARIO PUERTO PLATA. -Tres personas fueron arrestadas y se ocuparon armas ilegales, drogas, dinero en efectivo y más de dos toneladas de cableado eléctrico en una serie de tres allanamientos simultáneos realizados este miércoles por la Policía Nacional en distintos sectores de Santiago, como parte de acciones para enfrentar el crimen y el robo de infraestructura pública.

Las operaciones fueron encabezadas por agentes de la Subdirección de Inteligencia (DINTEL), unidades SWAT, Policía Preventiva y representantes del Ministerio Público, en cumplimiento de las órdenes judiciales Nos. AJ0080553, AJ0077841 y AJ0077852-2025.

Durante el primer allanamiento, realizado en el sector Mi Vivienda de Hato del Yaque, fue detenido Euri Reyes Hilario, alias El Flaco, a quien se le ocuparon 94 porciones de presunta marihuana, 43 de presunta cocaína, 10 porciones de presunto molí, una balanza, un radio de comunicación, un teléfono celular, RD$900 en efectivo y un chasis de motocicleta sin numeración.

En el Semillero II, en Santiago Oeste, las autoridades arrestaron a Yadira Hernández Martes, quien tenía en su poder una pistola Smith & Wesson calibre 9mm con documentos vencidos, cuatro cargadores, diez cápsulas, un arma blanca y una placa de motocicleta con denuncia de robo, además de porciones de alambre de cobre sin justificación legal.

El tercer operativo se ejecutó en la recicladora De los Santos, ubicada en Los Solares, donde fue detenido Jorge Contreras Santos. En el lugar se incautó una pistola HK calibre 9mm sin documentación y varias porciones de cableado eléctrico de cobre y aluminio, perteneciente a un lote superior a las dos toneladas, presumiblemente producto de robo.

La Policía informó que los detenidos, así como todas las evidencias ocupadas, fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes y que estos operativos continuarán con el objetivo de contrarrestar acciones delictivas que afectan la seguridad y servicios esenciales de la población.

DIARIO PUERTO PLATA. -El Colegio Dominicano de Notarios y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) avanzaron en la modernización del sistema penitenciario al acordar la puesta en marcha de un programa de asistencia y certificación notarial en los centros de corrección del país.

El esquema de colaboración tomó forma durante un encuentro encabezado por el presidente del Colegio de Notarios, Jhon Richard Paniagua Feliz, y el director de la DGSPC, Roberto Santana, junto a sus equipos técnicos.

La jornada incluyó un recorrido por el recién inaugurado Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, donde se inició la elaboración del protocolo que normará la participación notarial. La visita se produjo en medio del “histórico traslado” de los primeros 300 internos provenientes de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Santana resaltó que este proceso marca un viraje decisivo hacia un sistema más digno. Recordó que la primera etapa del CCR Las Parras habilitará 2,400 plazas distribuidas en dos cuadrantes, y que la integración de otro grupo de 300 privados de libertad se hará de manera gradual.

“Con esta acción avanzamos hacia el cierre definitivo de un recinto que, durante décadas, simbolizó una vergüenza para el país”, afirmó al subrayar que La Victoria, diseñada para 1,700 internos, llegó a albergar más de 9,300.

La DGSPC informó que la selección de los trasladados se basó en una evaluación multidisciplinaria que ponderó su estatus legal y su historial conductual, así como habilidades y aptitudes.

El convenio busca fortalecer los servicios legales dentro de los recintos y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población penitenciaria. El Colegio de Notarios también asumirá la certificación de procesos vinculados a la transparencia institucional dentro del plan nacional que contempla la construcción de 26 nuevos centros.

Santana explicó que la labor notarial será clave para documentar el estado real de cada instalación y establecer una “línea base” que impida atribuir mejoras cosméticas a un proceso concebido para una transformación profunda.

Paniagua Feliz valoró la apertura para integrar al notariado en iniciativas que aporten credibilidad y control jurídico, y reiteró el compromiso del gremio con la transparencia estatal y la seguridad jurídica en el ámbito penitenciario.

El director de la DGSPC adelantó que se convocará a otras entidades profesionales para reforzar los mecanismos de verificación y asegurar la ejecución rigurosa de cada etapa del proyecto.

DIARIO PUERTO PLATA. – El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a 17 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en el Distrito Municipal Ámina, como parte de las acciones de interdicción que se ejecutan en la zona fronteriza y sus áreas de influencia.

De acuerdo con el informe militar, los soldados interceptaron una camioneta Mitsubishi color rojo/crema, conducida por José Luis Bretón Rosario, a quien arrestaron y lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Dentro del vehículo encontraron 12 hombres, 4 mujeres y 1 menor de edad, ninguno con la documentación requerida para permanecer en territorio dominicano. Las autoridades señalaron que el grupo presuntamente lo transportaron de manera clandestina hacia otros puntos del país.

Tanto el conductor como los extranjeros detenidos los trasladaron a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se inició el proceso de depuración. También de levantamiento de actas para su entrega formal a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército reafirmó que continuará fortaleciendo los operativos contra el tráfico ilícito de migrantes, en coordinación con otras instituciones del Estado. Esto para garantizar el control fronterizo y la seguridad nacional.

DIARIO PUERTO PLATA. -Radhames Jiménez: acto de la JCE es un atropello a nuestra libertades constitucionales

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhames Jiménez, informó que la organización depositó formalmente ante la Junta Central Electoral (JCE) un acto de acusación, mediante el cual solicita que sea rectificado el comunicado emitido el día de ayer por ese organismo.

Jiménez explicó que la notificación enviada por la JCE violenta principios constitucionales esenciales, al atentar directamente contra los derechos fundamentales consagrados en los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución, relativos al derecho de reunión, libre tránsito y libertad de expresión.
Asimismo, recordó que el artículo 216 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la facultad de reclamar reivindicaciones sociales en beneficio del pueblo dominicano.

Lo ocurrido es un atropello”

El dirigente político sostuvo que el acto de la JCE constituye un atropello a la libertad que tienen las organizaciones políticas para manifestarse de manera pacífica.
Recordó que la marcha realizada el 30 de noviembre fue un ejercicio ordenado, cívico y completamente pacífico, cuyo propósito era exigir al gobierno del PRM atención inmediata a: la delincuencia, la criminalidad, el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Apoyo de otras organizaciones políticas

Jiménez destacó que otras fuerzas políticas han respaldado la posición de la Fuerza del Pueblo, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que rechazó de manera categórica la decisión adoptada por la JCE.

Un precedente inaceptable

Para Jiménez, la actuación del organismo electoral no es compatible con un Estado social, democrático y de derecho, como el que establece la Constitución proclamada en 2010.

La República Dominicana tiene un régimen de derechos que debe ser respetado. La JCE no puede coartar libertades que están claramente protegidas por la Constitución. Lo de ayer es inaceptable.”

DIARIO PUERTO PLATA. -Fuerza del Pueblo responde intimación de la JCE y defiende carácter constitucional de la “Marcha del Pueblo”

FP anuncia que continuará acompañando al pueblo y solicita al Pleno de la JCE rectificar advertencia sobre protesta social.

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) sostiene que la Marcha del Pueblo fue una manifestación cívica, pacífica y ciudadana, centrada en el reclamo de soluciones frente al alto costo de la vida, la inseguridad, los apagones y el deterioro de los servicios públicos, tal como reseñaron múltiples medios de comunicación nacionales.

La organización opositora informó que depositó formalmente ante la Junta Central Electoral (JCE) un Acto de Respuesta al “Acto de Intimación y Advertencia” número 1056/2025, mediante el cual el órgano electoral advierte que la actividad denominada Marcha del Pueblo, realizada el pasado 30 de noviembre, “podría” confundirse con propaganda electoral anticipada y derivar en eventuales sanciones administrativas.

En la respuesta a la JCE, la Fuerza del Pueblo recuerda que la Constitución de la República reconoce, en sus artículos 47 (libertad de asociación), 48 (derecho de reunión pacífica) y 49 (libertad de expresión e información), el derecho de toda persona a organizarse, reunirse y manifestarse sin permiso previo ni censura, así como a expresar ideas y opiniones por cualquier medio.

Asimismo, cita el artículo 216 de la Constitución, que asigna a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos la función esencial de servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, lo que incluye acompañar y canalizar las demandas sociales de la ciudadanía.

Fuerza del Pueblo enfatiza que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por leyes orgánicas, conforme a los artículos 74 y 112 de la Carta Magna, por lo que ninguna unidad administrativa de la JCE puede, mediante un simple acto de alguacil, restringir el ejercicio legítimo de la protesta social ni reinterpretar una manifestación cívica como si se tratara de propaganda electoral.

El documento depositado ante la JCE cita expresamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En particular, recuerda que la sentencia TC/0168/15 establece que los partidos políticos gozan del derecho fundamental de reunión y manifestación pública en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, sin que su naturaleza partidaria les reste legitimidad para ejercer dicho derecho fuera de los períodos de campaña electoral.

Asimismo, se invoca la sentencia TC/0092/19, en la que el Tribunal señala que la libertad de expresión, información y opinión es un pilar del Estado social y democrático de derecho, con una dimensión tanto individual como colectiva, que ampara tanto a quienes se expresan como a quienes reciben la información. Estos criterios, resalta FP, refuerzan la protección constitucional de las manifestaciones cívicas y del rol de los partidos en la articulación de las demandas sociales.

Fuerza del Pueblo subraya que la propia Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, distingue con claridad entre:

1. Actos de campaña o proselitismo dirigidos a captar votos, definidos en los artículos 164, 165 y 166 como manifestaciones, mítines, reuniones públicas y actos cuyo propósito es expresar adhesión o captar votos a favor de candidatos u organizaciones políticas; y

2. Reuniones y manifestaciones de carácter social o ciudadano, que no persiguen la promoción de candidaturas ni la solicitud del voto.

En ese sentido, el partido sostiene que durante la Marcha del Pueblo no se promovieron candidaturas, no se solicitó el voto, no se exhibieron pancartas de apoyo a aspiraciones particulares ni se formularon consignas de campaña, sino que se expresaron reclamos sociales ampliamente documentados por la prensa nacional: alto costo de la vida, problemas en salud y educación, apagones, inseguridad y deterioro de los servicios públicos.

La organización aclara que el uso de colores, símbolos o consignas partidarias por parte de ciudadanos en una protesta social no está prohibido por la ley y no constituye, por sí mismo, propaganda electoral anticipada, ya que la normativa exige la existencia de un mensaje dirigido a promover candidaturas o a captar el voto para configurar un acto proselitista.

El Acto de Intimación y Advertencia de la JCE reconoce que los elementos empleados en la Marcha del Pueblo “podrían configurar” actos político-partidarios y, sobre esa base, intima a FP a “adecuar” sus actividades, so pena de eventuales sanciones al amparo del artículo 308 de la Ley 20-23.

Fuerza del Pueblo advierte que construir advertencias y posibles sanciones sobre posibilidades y no sobre hechos concretos y comprobables vulnera los principios del debido proceso, consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución, que exigen una motivación adecuada, la identificación clara de las conductas infractoras y proporcionalidad en la actuación de los órganos administrativos.

El partido recuerda que la Marcha del Pueblo fue anunciada públicamente con antelación como una protesta social, y que en ningún momento la JCE formuló observaciones ni prevenciones previas sobre la convocatoria. Por tanto, considera que una intimación posterior basada en conjeturas abre un precedente riesgoso para el ejercicio de la protesta ciudadana.

En su Acto de Respuesta, Fuerza del Pueblo solicita al Pleno de la JCE que reconsidere y rectifique el criterio asumido por la unidad que emitió la intimación, particularmente la tesis de que el uso de colores, símbolos o consignas partidarias en una protesta social pueda equipararse, por sí solo, a un acto de propaganda electoral anticipada.

El partido advierte que mantener ese criterio significaría limitar gravemente las facultades constitucionales de los partidos para organizarse, participar en el debate público y acompañar las causas sociales. Además, implicaría una restricción práctica de los derechos de reunión, asociación y expresión de la ciudadanía.

Fuerza del Pueblo recuerda que solo por ley orgánica pueden establecerse límites a los derechos fundamentales y que la JCE, como órgano garante de la equidad electoral, está llamada a proteger el espacio cívico y no a reducirlo mediante interpretaciones expansivas de la normativa.

Finalmente, Fuerza del Pueblo reafirma su respeto a la institucionalidad electoral y a las competencias de la Junta Central Electoral, al tiempo que insiste en su deber de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía y el carácter constitucional de la protesta social pacífica.

El partido ratifica que la Marcha del Pueblo del 30 de noviembre fue una acción cívica y ciudadana, conforme con la Constitución, las leyes y las mejores tradiciones democráticas del país. Además, anuncia que continuará acompañando las expresiones pacíficas del pueblo dominicano frente al alto costo de la vida, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico.

Secretaría de Comunicaciones
Fuerza del Pueblo