DIARIO PUERTO PLATA.-El médico Gabriel Ravelo, quien se desempeñó como subdirector médico del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, fue detenido este viernes durante los operativos realizados por el Ministerio Público como parte de una nueva etapa de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denominada caso SeNaSa 2.0.

La detención se produjo durante una serie de allanamientos simultáneos ejecutados desde primeras horas de la mañana por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en diferentes puntos del país.

Ravelo asumió como subdirector médico del Hospital Darío Contreras el 24 de octubre de 2023 y permaneció en el cargo hasta hace varios meses, cuando presentó su renuncia, de acuerdo con informaciones relacionadas con el proceso.

Un boletín emitido por el centro hospitalario en octubre de 2023 confirmó entonces su designación y destacó su preparación como especialista en Ortopedia y Traumatología, con formación en cirugía de columna y una maestría en Gestión Sanitaria.

Investigación por presuntas irregularidades en facturaciones

La detención del exsubdirector se suma a los operativos que han involucrado principalmente a profesionales del área de la salud. De manera preliminar, se ha informado sobre la detención de al menos 29 personas, aunque el Ministerio Público aún no ha ofrecido una cifra oficial definitiva.

El abogado Jorge Contreras, representante legal de siete cirujanos ortopedas detenidos durante los operativos, explicó que sus clientes son investigados por la presunta emisión de facturas por servicios médicos que, según las pesquisas, no habrían sido realizados.

En el caso de Ravelo, medios locales informaron que su arresto fue confirmado por su abogado, quien indicó que el médico había sido interrogado anteriormente en varias ocasiones por la Procuraduría.

Una de las líneas de investigación estaría vinculada con supuestas irregularidades en facturaciones remitidas al Seguro Nacional de Salud.

La titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, confirmó la ejecución de los allanamientos y la detención de varios médicos, aunque las autoridades no han divulgado hasta el momento las imputaciones específicas que pesan sobre cada uno de los nuevos investigados.

Los operativos forman parte de una nueva fase de las pesquisas sobre presuntas irregularidades en SeNaSa, un proceso que permanece abierto y bajo investigación del Ministerio Público.

DIARIO PUERTO PLATA.-El presidente Luis Abinader afirmó este viernes que cualquier persona que incurra en actos de corrupción deberá responder ante la justicia, al referirse a los allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dentro de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Durante su agenda de trabajo en Puerto Plata, el mandatario fue abordado por periodistas sobre el proceso y manifestó su respaldo a que las pesquisas avancen y sean profundizadas.

“Este es un tema que está en la justicia. Pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice”, expresó Abinader.

El jefe de Estado señaló que corresponde al Ministerio Público continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades que pudieran existir, siempre dentro del debido proceso y respetando el marco institucional.

Abinader ha reiterado en distintas ocasiones su respaldo a las investigaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos, al tiempo que ha sostenido que quienes sean encontrados responsables de actos de corrupción deberán responder ante los tribunales.

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público, que tendrá a su cargo establecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales que pudieran derivarse del proceso.

Fuente: Dirección de Prensa del Presidente

DIARIO PUERTO PLATA.-El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, se reanuda este viernes con la continuación de la presentación de las pruebas testimoniales y periciales a cargo del Ministerio Público.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana, en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, donde el tribunal continuará escuchando a los testigos y peritos convocados por la Fiscalía.

Los declarantes serán interrogados inicialmente por el Ministerio Público y posteriormente podrán ser contrainterrogados por los abogados de los querellantes y de la defensa.

Continúa presentación de pruebas

La nueva jornada se produce luego de que el ingeniero forense Eduardo Adolfo Fierro, tercer perito presentado por el Ministerio Público, expusiera sus conclusiones sobre las condiciones estructurales de la discoteca.

Durante su intervención, Fierro señaló que el techo del establecimiento presentaba una sobrecarga y sostuvo que fueron descartados como posibles causas del desplome factores externos como un terremoto, fuertes vientos, lluvias, una explosión y el incendio ocurrido en el local en 2023.

Como parte de las evidencias incorporadas al proceso también figuran resultados de análisis forenses de teléfonos celulares, además de videos, fotografías, audios y conversaciones relacionadas con las condiciones del establecimiento antes del colapso.

Parte de estos elementos hace referencia a reportes sobre filtraciones, humedad y situaciones relacionadas con el techo y otros componentes de la estructura.

El tribunal continúa con las pruebas

Para este viernes se prevé la presentación de otro grupo de testigos y peritos por parte del Ministerio Público, mientras las partes mantienen la confrontación de sus argumentos y conclusiones ante el tribunal.

El proceso continuará abordando las circunstancias que precedieron al colapso, así como los elementos técnicos y documentales incorporados al expediente.

Corresponderá al tribunal valorar las pruebas y los argumentos presentados por el Ministerio Público, los querellantes y la defensa antes de emitir una decisión sobre el caso.

El techo de la discoteca Jet Set se desplomó durante la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras se realizaba una presentación del merenguero Rubby Pérez. El hecho dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

Antonio y Maribel Espaillat enfrentan el proceso penal por su presunta responsabilidad en los hechos.

DIARIO PUERTO PLATA.-El Ministerio Público desarrolla desde la madrugada de este viernes allanamientos simultáneos como parte de una nueva fase de la investigación denominada SeNaSa 2.0, con operativos dirigidos a residencias y consultorios de más de 25 médicos presuntamente vinculados al caso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial que confirme el arresto de 25 médicos. Los reportes disponibles indican que más de 25 profesionales de la salud son objeto de los operativos, mientras se espera que el Ministerio Público precise cuántas personas han sido detenidas.

Las intervenciones tienen como objetivo ampliar las investigaciones y determinar la posible participación de otras personas y estructuras en las operaciones que son objeto de pesquisa.

Investigan a prestadores de servicios de salud

Entre los prestadores que estarían bajo investigación figuran clínicas, laboratorios, centros de imágenes y médicos que presuntamente habrían recibido recursos mediante operaciones que ahora son examinadas por las autoridades.

Durante los allanamientos, los investigadores buscan recopilar documentos, registros contables y dispositivos electrónicos que puedan aportar elementos relevantes para esclarecer los hechos.

La nueva fase de la investigación se produce mientras las autoridades continúan profundizando las pesquisas sobre el presunto entramado relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Abogado se refiere a los operativos

El abogado Julio de la Rosa Tiburcio se refirió a los allanamientos a través de su cuenta en la red social X y afirmó que esta nueva etapa alcanza a médicos que, según sus señalamientos, se habrían beneficiado del esquema investigado.

“Arranca SENASA 2.0, allanamientos a médicos imputados de beneficiarse del mayor fraude contra el erario de la República Dominicana”, expresó el abogado.

De la Rosa Tiburcio también señaló que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continúa las investigaciones sobre distintos actores que, según afirmó, estarían relacionados con el caso.

Asimismo, mencionó a funcionarios públicos, empresarios, clínicas, laboratorios, centros de imágenes y médicos, aunque estas afirmaciones corresponden a sus declaraciones y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas o entidades investigadas.

“Seguimos esperando que caigan todos”, manifestó el abogado.

Mientras continúan los allanamientos de SeNaSa 2.0, se espera que el Ministerio Público ofrezca información oficial sobre las intervenciones, las personas detenidas y los próximos pasos de la investigación.

DIARIO PUERTO PLATA.-El Tribunal Constitucional (TC) estableció que los medios de comunicación no pueden ser obligados a eliminar noticias que sean veraces, estén sustentadas en fuentes legítimas y aborden asuntos de interés público, aun cuando su permanencia pueda generar perjuicios a la persona mencionada.

El criterio fue establecido al analizar el conflicto entre el derecho de una persona a controlar sus datos personales y la libertad de los medios de comunicación para informar sobre hechos de relevancia pública.

El tribunal señaló que, como regla general, quien solicite la eliminación de una información mediante una acción de hábeas data debe demostrar que los datos son falsos, inexactos, fueron presentados de manera parcializada, provienen de una fuente ilegítima o fueron tratados de forma contraria a las normas de protección de datos personales.

El planteamiento fue desarrollado en la sentencia TC/0900/26, mediante la cual el Constitucional rechazó un recurso presentado por el exdiplomático haitiano Ronal Beldor contra el Grupo Diario Libre y Google LLC.

Beldor buscaba que fueran eliminadas publicaciones realizadas en 2019, en las que se informaba que estaba siendo investigado en relación con la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como “César el Abusador”.

El exdiplomático alegó que la permanencia de esas informaciones le había provocado perjuicios económicos y sociales. Sin embargo, el TC consideró que ese argumento, por sí solo, no justificaba ordenar la eliminación de las publicaciones.

La corte determinó que las informaciones tenían como origen una fuente oficial, trataban un asunto de interés público y no existían elementos que demostraran que fueran falsas.

Además, el tribunal tomó en cuenta que las publicaciones se referían a una investigación y no presentaban a Beldor como responsable o culpable de los hechos investigados.

El criterio existe desde 2020

El pronunciamiento del TC no constituye el primer caso en el que el tribunal aborda solicitudes para eliminar informaciones periodísticas.

En la sentencia TC/0171/20, el Constitucional conoció una acción presentada contra el periódico digital Acento por José Walnobi Núñez Martínez, un exoficial del Ejército que pretendía eliminar una noticia publicada en 2015 sobre su desvinculación de las Fuerzas Armadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En esa ocasión, el TC rechazó la solicitud al comprobar que el medio contaba con documentos que respaldaban la información publicada, que las imputaciones no eran presentadas como hechos comprobados y que la noticia estaba relacionada con la esfera pública del reclamante y revestía interés público.

El tribunal también estableció entonces que los medios ejercen legítimamente su libertad de información cuando difunden de manera objetiva hechos de relevancia pública sustentados en fuentes válidas, siempre que no conviertan sospechas o investigaciones en afirmaciones de culpabilidad.

¿Qué establece sobre el derecho al olvido?

La decisión también se relaciona con el denominado derecho al olvido, mediante el cual una persona busca evitar que determinadas informaciones negativas permanezcan vinculadas a su nombre de manera indefinida.

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no establece que el simple paso del tiempo obligue a un medio de comunicación a eliminar una noticia que, al momento de ser publicada, era veraz, estaba sustentada en fuentes legítimas y tenía interés público.

DIARIO PUERTO PLATA.-El miembro del Salón de la Fama del Béisbol y exjugador de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, reconoció haber invertido millones de dólares en un negocio de Santo Caraballo, un prestamista señalado por familias de jóvenes peloteros dominicanos, quienes lo acusan de haberlas engañado para quedarse con una parte significativa de sus bonos de firma.

Los señalamientos forman parte de una investigación realizada por ProPublica, que examina el funcionamiento de un mercado de préstamos vinculado a jóvenes prospectos dominicanos antes de que estos puedan firmar oficialmente con una organización de las Grandes Ligas.

De acuerdo con el reportaje, algunos jugadores reciben ofertas verbales de equipos desde que son niños. Ante las necesidades económicas de sus familias, estas pueden recurrir a préstamos con la expectativa de saldarlos posteriormente utilizando el dinero que recibirán como bono de firma al concretarse su llegada al béisbol profesional.

La investigación expone cómo este sistema puede generar compromisos financieros para las familias mucho antes de que los jóvenes tengan la posibilidad de firmar un contrato oficial con un equipo de las Grandes Ligas.

En ese contexto aparece el nombre de Santo Caraballo, cuyo negocio fue objeto de señalamientos por parte de familias que aseguran haber sido perjudicadas en acuerdos relacionados con los bonos de firma de jóvenes peloteros.

Ortiz confirmó su vínculo financiero con una de las empresas relacionadas con Caraballo, al reconocer que realizó una inversión millonaria en el negocio, según la investigación de ProPublica.