Se lo presenta como un acuerdo de paz histórico llamado a poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. Pero todavía hay que sortear un obstáculo: un referendo nacional programado para el 2 de octubre en el que los colombianos tendrán la oportunidad de hacerse escuchar.
Es una contienda amarga.
Quienes apoyan y quienes se oponen al acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no se ponen de acuerdo ni siquiera en torno a la papeleta a usarse. Los opositores aducen que la pregunta que se plantea a los colombianos es engañosa pues no menciona a las FARC y pide al votante que apoye una «paz duradera y estable». Quieren que el tribunal constitucional suspenda la votación.
Las encuestas llevadas a cabo antes de que se llegase a un acuerdo en Cuba el mes pasado indicaban que el «sí» al acuerdo tenía una ventaja de entre 11 y 35 puntos porcentuales. Pero el gobierno no da nada por descontado. En una medida tildada de injusta y antidemocrática por la oposición, el presidente Juan Manuel Santos pidió a todo su gabinete que recorra el país para explicar al electorado el contenido del acuerdo de 297 páginas, en lo que describió como una iniciativa «pedagógica por la paz».
No es fácil convencer a los votantes. La mayoría de los colombianos detesta a las FARC y ve con suspicacia el acuerdo. Particularmente irritantes son las cláusulas que evitan que los líderes rebeldes acusados de graves violaciones a los derechos humanos vayan a la cárcel y que les garantizan diez bancas en el Congreso.
«Paz totalmente no hay ni va a haber», opinó Marlon Pérez, de 22 años y quien estudia para sommelier en Bogotá. Al igual que muchos jóvenes colombianos, se muestra ambivalente en torno al acuerdo con las FARC y no sabe bien cómo votará, aunque se inclina por el «sí».
«Pero por otro lado es mejor tener una paz no completa que estar matándonos todos los días», expresó.
Santos dice que las concesiones eran necesarias para persuadir a los guerrilleros de que entregasen las armas tras 52 años de combate. Asegura que el acuerdo es el mejor que su gobierno pudo pactar con un ejército recalcitrante que es imposible derrotar militarmente y cuyos 7.000 combatientes tienen suficiente poderío como para causar daños y muertes en grandes sectores del país.
Pero la oposición, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, afirma que el gobierno está tratando de apaciguar a las FARC, aprobando la impunidad y sentando un mal ejemplo del que se aprovecharán otras bandas. Bajo el lema de «resistencia civil», Uribe, antiguo padrino de Santos de quien es ahora su principal rival, ha encabezado una campaña que ha reunido un millón de firmas de gente que se opone al acuerdo. Esta semana, un autobús gigante pintado con frases como «No a las FARC en el poder» y «NO a la impunidad para los terroristas» comenzó a desplazarse por el país en una caravana encabezada por Uribe.
«No se trata de firmar solo por firmar», declaró Óscar Iván Zuluaga, quien perdió por estrecho margen las elecciones presidenciales ante Santos y coordina la campaña a favor del «no».
Algo que hizo enfurecer más a los opositores fue una votación efectuada el miércoles por el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo en el país, en la que anuló la reelección en 2013 del inspector general Alejandro Ordóñez, un funcionario semiautónomo y uno de los críticos más duros del acuerdo.
El desenlace del referendo es de cumplimiento obligatorio para Santos. Nunca se le exigió convocar una votación para ratificar el acuerdo. Pero se comprometió a hacerlo, en contra de los deseos de las FARC y de muchos aliados, cuando puso en marcha el proceso en el 2012.
Han pasado cuatro años desde entonces y hay quienes se preguntan si Santos no hubiese invertido mejor su capital político impulsando una tambaleante economía que sufre la caída de los precios de las materias primas. Algunos opositores tratan de presentar la votación como un referendo sobre la gestión de Santos, cuyo nivel de aprobación en una encuesta de Gallup de mayo estaba por el piso, en torno al 21%, su nivel más bajo desde que asumió en el 2010. En julio su popularidad subió levemente.
Una falta de entusiasmo podría afectar la participación. Esto es importante porque, para ser válido, el resultado tiene que tener el apoyo de al menos el 13% del electorado, o unos 4,5 millones de votos. La participación en las elecciones es tradicionalmente muy baja en Colombia y un referendo sobre reformas políticas convocado en el 2003 por Uribe en su momento de mayor popularidad no alcanzó el mínimo de votos indispensable.
La peor pesadilla del gobierno es que el acuerdo sea revertido, algo similar al Brexit británico para salir de la Unión Europea. Las autoridades lanzaron una campaña publicitaria de 100 millones de dólares para promover el «sí», la cual incluye eventos casi diarios en los que participan actores y artistas famosos que expresan su apoyo.
Las consecuencias de una derrota en el plebiscito «serían catastróficas», expresó Humberto de la Calle, el principal negociador del gobierno, al anunciar el acuerdo la semana pasada.
Ganar el referendo, no obstante, podría ser insuficiente para garantizar el cumplimiento de un complejo acuerdo que contempla una reforma agraria y el desarrollo de regiones que han sido ignoradas por el estado. Una de las razones por las que el gobierno se apresuraba a poner fin a las conversaciones fue la proximidad del vencimiento de un plazo para aprobar un aumento de impuestos necesario para costear el acuerdo.
«Si la votación es apretada, Uribe puede atribuirse una victoria», opinó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un grupo de estudios de Washington. «Si el plebiscito revela que hay una sociedad muy dividida tras una agria campaña, será más difícil implementar los acuerdos».
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