DIARIO PUERTO PLATA. -En un paso decisivo hacia la modernización del sistema eléctrico dominicano, el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED) realizó el acto de presentación de credenciales de la Licitación Pública para nueva generación renovable de hasta 600 MW, que por primera vez incluye infraestructura de almacenamiento de energía o baterías como parte esencial de los proyectos.

El presidente del CUED, Celso Marranzini, destacó que la incorporación de esta tecnología permitirá convertir las fuentes renovables en energía de base, fortaleciendo la estabilidad del sistema eléctrico y la confiabilidad del suministro nacional. “Estoy viendo una gran concurrencia que definitivamente va a mejorar la situación de las distribuidoras, y más aún con baterías”, señaló Marranzini.

El almacenamiento de energía mediante baterías representa una de las tendencias más transformadoras del sector eléctrico mundial. Permite gestionar la intermitencia de la generación solar y eólica, garantizando que la energía producida en los picos de generación esté disponible cuando la demanda aumenta o las condiciones climáticas reducen la producción.

Su incorporación no solo mejora la estabilidad del sistema y reduce la dependencia de combustibles fósiles, sino que también convierte a las renovables en una fuente continua y gestionable de energía, lo que se traduce en mayor seguridad energética y eficiencia operativa para los sistemas eléctricos nacionales.
Países líderes en transición energética como España, Chile y Estados Unidos ya integran este tipo de soluciones en sus licitaciones, consolidando un nuevo estándar para la generación limpia y de base.

La licitación busca la contratación de nueva generación eólica y solar fotovoltaica con sistemas de almacenamiento, en capacidades que van desde 20 hasta 300 megavatios, para una capacidad total de 600 MW.

Esta innovación marca un hito en los procesos de contratación energética del país, alineándose con las metas de transición y sostenibilidad impulsadas por el Gobierno dominicano.

El período de suministro será de quince años, iniciando dentro de los 24 meses posteriores a la firma de los contratos, distribuyéndose la energía entre Edenorte (30%), Edesur (35%) y EDEESTE (35%).

Durante el acto, realizado en el Hotel Crowne Plaza, participaron también el viceministro de Energía y Minas, Alfonso Rodríguez, en representación del ministro Joel Santos; el presidente del Comité de Licitación, Héctor Giuliani; y los gerentes generales de las tres distribuidoras.

Con la alta participación de 32 empresas interesadas, el evento reflejó la confianza del sector energético en la estabilidad regulatoria y el potencial del país para el desarrollo de energía limpia y continua.

DIARIO PUERTO PLATA. –El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Báez encabezó ayer una rueda de prensa en la cual rechazó el desempeño de la actual gestión de la Policía Nacional, debido a los “abusos” cometidos en contra de ciudadanos que no tienen ninguna vinculación con los hechos delictivos registrados en el país.

Para Báez, el cuerpo policial dirigido desde 2023 por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta solo se ha dedicado a la agresión de personas inocentes, convirtiéndose, además, en “un cuerpo de sicarios que matan gente a sueldo”.

El legislador oficialista aseguró, “de manera responsable”, que la extensión departamental de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en la provincia Peravia, a la cual representa, “no sirve”.

“Va una gente seria a hacer una denuncia y fácilmente termina preso, sin embargo, cuando uno denuncia a un delincuente, ¿Qué hace la policía? Pide todas las pruebas… al final lo que hace es que lo despacha, a un delincuente confeso…”, dijo a periodistas mientras se encontraba en la sede del Congreso Nacional.

Es por esta razón, el congresista se hizo la siguiente pregunta: “¿Hasta cuándo el presidente de la República va a mantener este jefe de la Policía Nacional que no ha remeneado la mata en ninguna de las direcciones regionales de las provincias de la República Dominicana?”

Baéz recordó que desde hace dos meses ha manifestado ante la opinión pública el surgimiento de una ola delincuencial en las calles del municipio sureño, Baní. Sin embargo, aseveró que esa comunidad no ha percibido aún ninguna reducción de la presencia criminal, luego de sus declaraciones.

Ante estas situaciones, le solicitó a través de los medios de comunicación al presidente Luis Abinader remover de inmediato al mayor general Guzmán Peralta de la Dirección General de la entidad policial.

“Porque ese director ha dejado los mismos coroneles y generales en todos los sitios y no lo ha cambiado para que puedan remenear la mata en cada demarcación, (como es el caso de) mi provincia, (donde) la Dicrim no sirve…”, afirmó.

Baéz considera que el temor registrado en la población hacia los policías está fundamentado en los “atropellos” cometidos constantemente en su contra.

“Por eso es que yo entiendo que la población le tiene ahora más miedo a los policías que a los delincuentes, porque ahora no se sabe quién es más delincuente entre la policía y la delincuencia común de las calles”, culminó diciendo.

Caso en Santiago

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso ayer diversas medidas de coerción a 11 agentes de la Policía que están acusados de participar en la muerte a tiros de cinco civiles realizada el pasado 8 de octubre en el sector La Barranquilla.

Pero, según informó la Policía de manera oficial, estos «delincuentes» pertenecían a una “estructura criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y extorsión” . Mientras tanto, el caso, que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad, continua sometido al procedimiento judicial.

DIARIO PUERTO PLATA. -Dice David Collado ha hecho una labor encomiable en favor del turismo. El empresario José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo de Centro Cuesta Nacional (CCN), felicitó al ministro de Turismo, David Collado, por el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), que lo distinguió como el mejor ministro de Turismo de Las Américas por su liderazgo visionario y transformador en el sector.

Al ser entrevistado por el periodista Moisés González, director de Despertar Nacional, González Cuadra destacó que este galardón no solo enaltece la gestión del ministro Collado, sino también al presidente Luis Abinader y a la República Dominicana, por el respaldo institucional y la visión de Estado que han permitido fortalecer el sector turístico como uno de los pilares de la economía nacional.

“El ministro Collado ha hecho un trabajo encomiable durante estos cinco años, sobre todo desde los momentos más difíciles. Este reconocimiento es un mérito a su visión y también al respaldo del presidente Abinader. El turismo representa un puente económico fundamental en la vida diaria del dominicano”, expresó el empresario.

Asimismo, el presidente ejecutivo de CCN resaltó que el crecimiento del turismo ha impactado de manera directa e indirecta a miles de familias dominicanas, consolidando al sector como uno de los principales motores del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Con este reconocimiento de consolida su liderazgo en el Caribe y América Latina como destino resiliente, innovador y sostenible.

González Cuadra también se refirió a la inversión realizada en Santiago, donde desarrolló un hotel bajo la marca Hilton, complementando el concepto de centro comercial con oferta hotelera.

“Santiago está viviendo un momento de gran desarrollo. Iniciamos con la idea de un centro comercial y luego sumamos el hotel, porque en el mundo ya ambos conceptos van de la mano. Nos sentimos muy satisfechos con el resultado y con la respuesta positiva de la comunidad y de todo el Cibao”, agregó.

DIARIO PUERTO PLATA. -Aguilera ratifica el respaldo de la institución financiera al principal pasatiempo de los dominicanos.

El Banco de Reservas y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) presentaron este martes la Copa del Campeonato de Béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Durante el evento, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, expresó que la institución financiera se siente más que complacida de apoyar, por quinto año consecutivo, el deporte rey de la República Dominicana.

“Ese compromiso lo mantenemos y lo mantendremos, porque los dominicanos merecen que su principal pasatiempo siempre esté por todo lo alto; tan alto como la pared de los 411 del Estadio Quisqueya Juan Marichal”, afirmó Aguilera.

El presidente ejecutivo resaltó además que esta temporada, que inicia el 15 de octubre, está dedicada a don Juan Marichal, una gloria del montículo que deleitó a seguidores y contrarios con su enorme talento para lanzar.

Por su lado, Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la LIDOM, agradeció el respaldo de Banreservas como principal patrocinador del torneo, que agrupa a los seis equipos que conforman la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana.

Asimismo, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, manifestó que las nuevas generaciones tienen en Juan Marichal un ejemplo vivo de disciplina y compromiso para desarrollar una carrera deportiva llena de éxitos.

El develamiento del trofeo estuvo a cargo del doctor Leonardo Aguilera, Vitelio Mejía Ortiz, Juan Marichal y los representantes de los equipos que se disputarán la copa.

Durante esta temporada LIDOM 2025-2026, cada equipo tiene programado jugar 50 partidos en la fase regular. Las fechas clave incluyen la final de la temporada, en diciembre, y el inicio de los playoffs, en enero. El equipo campeón representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2026.

DIARIO PUERTO PLATA. -Tras ponderar la investigación preliminar del Ministerio Público y establecer la gravedad de los hechos, un tribunal de Santiago impuso medidas de coerción a los 11 policías imputados de abatir a cinco hombres la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita.

La decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declara el proceso de tramitación compleja e impone prisión preventiva al raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Además, impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento a salir del país y presentación periódica contra los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.

El tribunal acogió también la solicitud del Ministerio Público al autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.

Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

Al salir de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó el compromiso del Ministerio Público con la investigación. “Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó.

Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos, señaló Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por las fiscales de Santiago, Quirsa Abreu Peña (titular) y Yeny Liranzo, así como por el procurador de corte de la Dirección de Persecución Héctor García.

“Es importante, a partir de estos hechos, que aprendamos que, como sociedad, nos aseguremos de prevenir que hechos de esta naturaleza no se repitan”, dijo.

La audiencia, donde la jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso las medidas de coerción, duró más de seis horas con dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.

El Ministerio Público ha establecido en el proceso que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.

Después de que sucedió el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal titular de Santiago para que realizaran una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.

El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.

Los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, modelo K5, del año 2013, se estableció en la solicitud de medida de coerción.

Señala que los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.

Además, detalla que sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.
Incluso, agrega la instancia, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.

DIARIO PUERTO PLATA. -Nelson Féliz Miranda Hermida, el hombre que asesinó a su esposa y a su suegra antes de quitarse la vida el pasado domingo en el sector El Millón, del Distrito Nacional, también habría matado en 1978 a su primera cónyuge, Ana Abreu Argelia, con quien procreó un hijo.

Ante estos hechos, surge la interrogante sobre cómo las personas con antecedentes penales pueden acceder a armas de fuego y por qué Miranda Hermida se encontraba en libertad. El periódico Hoy consultó a abogados penalistas, quienes explicaron los alcances de la leyes dominicanas en este sentido.

Entre ellos se encuentra el jurista Miguel Valerio, quien indicó que, de manera general, la Ley No. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, establece que uno de los requisitos indispensables para la obtención de una licencia de porte de armas es no tener antecedentes penales, medida que busca prevenir situaciones de riesgo como la ocurrida en El Millón.

«La ley de Porte y Tenencia de Armas prohíbe expresamente a una persona con antecedentes penales poseer un arma. Eso se pudo evitar, en ese sentido, porque el otorgamiento de la licencia es con unos requisitos previos, que permiten prevención de situaciones como estas», manifestó el defensor.

Valerio también señaló que en casos de violencia familiar o psicológica, el acceso a una pistola complica considerablemente la situación, pudiendo derivar en consecuencias fatales.

«En ese sentido, en una sociedad paliativa, de dolor, donde los hombres no entienden que las cosas se pueden acabar, estallan y, en ese drama psicológico, el tener un arma evidentemente complica la situación», pronunció.

De igual forma, el letrado consideró que las autoridades deberían dar seguimiento a las personas procesadas por casos similares al de Nelson Féliz Miranda Hermida, con el fin de garantizar que no porten armas de fuego.

Si cumplió condena, adquiere sus derechos civiles y políticos

Sin embargo, el abogado Julio Cury, aunque precisó que desconoce a fondo los casos en los que se vincula a Miranda Hermida, indicó que una persona que ya cumplió su condena, bajo la modalidad que fuese, adquiere nuevamente los derechos civiles y políticos, por lo que no puede ser privada de poseer un arma de fuego.

«Una vez cesa su estado como interno de un recinto carcelario, (el individuo) adquiere nuevamente los derechos civiles y políticos: puede votar en unas elecciones, puede ser candidato a una posición electiva y, claro que sí, puede portar un arma de fuego, porque lo que se pide es un certificado de buena conducta. Si no tiene, en el momento en el que solicita el arma, un proceso penal por haber sido condenado, entonces se le emite el certificado de buena conducta y le entregan su arma de fuego», declaró Cury.

Sobre el asesinato de Ana Abreu Argelia

Ana Abreu Argelia murió el 24 de diciembre de 1978 tras recibir cuatro balazos de Nelson Féliz Miranda Hermida, con quien llevaba cuatro años de casada. El hecho ocurrió en la calle Juan Sánchez Ramírez, sector Gascue, Distrito Nacional, según relató un hermano de la víctima y una publicación del desaparecido periódico La Noticia.

«En ese momento, este señor y mi hermana estaban un tanto separados por conflictos que ellos habían tenido. Ese día, ella estaba aquí, en mi casa; él vino y la recogió, se la llevó y luego recibimos la noticia de que la había asesinado», manifestó Félix Abreu ante las cámaras de Noticias SIN, al tiempo que precisó que el atacante cumplió solo tres de los seis años de prisión que le impusieron por este crimen.

Comentó que el asesinato de Mayra Martínez Romero, de 65 años, y de su madre, Doris Romero, de 86, le removió el dolor por su pariente, al tiempo que señaló que el reciente caso se pudo evitar.

«Cuando una persona tiene una situación de esa naturaleza, anteriormente, ¿cómo puede estar portando un arma de fuego hoy en día? Cuando sucede un hecho así, debería de dársele seguimiento a esa persona, monitorearla, de tal manera que, si tiene un arma de la que sea, ya es un individuo que puede causar una situación como la que está viviendo esa otra familia hoy, que es lo doloroso», dijo Abreu.

DIARIO PUERTO PLATA. -La Policía Nacional enfrenta una crisis de credibilidad por el aumento de la cantidad de ciudadanos muertos con las balas de sus agentes. En el caso más reciente, 11 policías acribillaron el mes pasado a cinco personas en la entrada de una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

Frente a estos hechos, la institución ha apelado a la responsabilidad individual de sus agentes y opta por no ofrecer información sobre operaciones que fueron dirigidas desde su seno y que terminaron en desenlaces trágicos.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró hoy que ella misma quisiera saber las circunstancias que originaron la matanza de Santiago y que también espera los resultados de las investigaciones.

Esas pesquisas han revelado una secuencia de hechos que desmiente a la Policía Nacional en su versión sobre un legítimo intercambio de disparos, según ha adelantado el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

«Eso es lo que nosotros queremos que la justicia determine y el Ministerio Público, y desde el primer momento estamos colaborando en todo lo que se nos ha solicitado, dándole instrucciones a la Policía Nacional, porque los más interesados en que se esclarezca esta situación en esta operación que se dio es precisamente el Ministerio de Interior y Policía, y el Gobierno dominicano», manifestó la funcionaria.

Esta y otras 227 muertes ocurridas en circunstancias similares alegadamente fueron investigadas, pero los informes con las conclusiones nunca salen a la luz pública, a excepción de los casos mediáticos.

«Cada uno de esos casos sufre el mismo proceso que dice la ley, igual que si fuera un ciudadano común. Se procesa, establecen las responsabilidades y se envían al Ministerio Público (…) Nosotros, inmediatamente hacemos el procedimiento de lugar para hacer el sometimiento. Nosotros no nos quedamos escondiendo absolutamente nada», afirmó Raful.

Mientras las autoridades se desligan de las estadísticas crecientes de muertes a manos de los policías, tratan de vender los avances de la reforma policial.

La cantidad de muertos por «acción policial» pasó de los 77 en el 2021, a 139 en el 2022, otras 178 en el 2023 y 227 en el 2024. La comparación del 2021 con el 2024 arroja un aumento del 195 %.

El gobierno responde a la realidad de estas estadísticas con un discurso reiterativo:

«Estamos haciendo un esfuerzo permanente para controlar de una manera respetuosa el abordaje hacia los ciudadanos, para que las labores de inteligencia y de investigación se realicen cumpliendo el debido proceso«, sostuvo Raful en la rueda de prensa sobre temas de seguridad ciudadana de este lunes.

De esta manera, el aumento de la letalidad policial queda sin una explicación oficial y despierta sospechas sobre si esto es parte de la estrategia de seguridad ciudadana.

La ministra de Interior fue interpelada por periodistas al mediodía del lunes luego de que terminó la reunión semanal del presidente con los jefes de las agencias de seguridad del Estado.

– ¿Cuál es la cantidad de personas que ha fallecido a manos de la fuerza del orden hasta el momento, el acumulado del año, y por qué la imposibilidad de conseguir los resultados de esas investigaciones?

No sabía que había imposibilidad de conseguir los resultados. Cada una de esas situaciones, que como usted sabe, son parte también de lo que evaluamos aquí. No la tengo a mano, no sé si está desagregada y los chicos la pueden sacar, no lo sé.

Pero cada uno de esos casos que se dan motivados o quien protagoniza es un agente del orden de cualquiera de las agencias, sufre el mismo proceso que dice la ley, igual que como si fuera un ciudadano común. Y se procesan, se establecen las responsabilidades y se envían al Ministerio Público que realiza las investigaciones de lugar y la justicia es quien tiene que realizar la condena definitiva.

– Pero las familias se quedan esperando los resultados para precisar por qué, en qué circunstancias ocurrieron las muertes.

Eso habría que preguntar al Ministerio Público y a la justicia dominicana, porque son los procesos que se llevan. Nosotros inmediatamente hacemos el procedimiento del lugar para hacer el sometimiento. Nosotros no nos quedamos escondiendo absolutamente nada.

– ¿Por las órdenes de quién esos seis policías salieron de aquí, del Palacio (de la Policía) a Santiago a juntarse con cinco más y luego matar a cinco personas? 

Eso es lo que queremos nosotros que la justicia determine y el Ministerio Público. Y desde el primer momento estamos colaborando con el Ministerio Público, tal y como lo dijimos aquí, en todo lo que se nos ha solicitado, dándole instrucciones a la Policía Nacional a esos fines, que está colaborando.