El envío del expediente se presentó como un acto de transparencia y un golpe de autoridad: «quien haya sustraído fondos públicos, especialmente en el área de la salud, enfrentará consecuencias drásticas», ha repetido el mandatario. Pero la realidad es que el Ministerio Público (MP) lleva meses trabajando en este caso. ¿A quién va dirigido el gesto?
El propio Abinader ha asegurado que la investigación en Senasa no surgió por las denuncias periodísticas sino por una solicitud que su gobierno hizo al MP en noviembre de 2024.
Desde entonces, según dijo, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la Sisalril iniciaron auditorías, y el director de Persecución, Wilson Camacho, afirma que las pesquisas avanzan discretamente.
¿Por qué entonces la necesidad de «entregar» un informe que ya está en manos de la Fiscalía? La respuesta parece estar en la urgencia de contener la narrativa: se trata de un mensaje político más que de un paso legal.
Al parecer el gobierno quiere mostrar que no barre su desorden bajo la alfombra; que, a diferencia de otras administraciones, se somete voluntariamente al escrutinio de Yeni Berenice.
También busca blindarse de una acusación de la oposición, y es la selectividad de la lucha contra la corrupción: «si caen los nuestros, que caigan también los tuyos», exigen los opositores.
La gravedad del caso Senasa justifica el alboroto. Un reportaje de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados y facturados aunque nunca llegaron a realizarse.
Para simular legitimidad, un «call center paralelo» operado por exempleados de la institución gestionaba las autorizaciones con identidades reales de afiliados.
El esquema habría desviado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas. Entre los nombres que aparecen en las denuncias figuran Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas); testigos protegidos señalan a Robles como cabeza del entramado.
No es el único flanco. Piera reveló que Senasa firmó en 2020 un contrato con una empresa para administrar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Bajo esa modalidad, la aseguradora pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales (780 millones al año) sin importar si los pacientes recibían o no servicios.
El acuerdo, añadido durante la actual gestión, carecía de mecanismos de fiscalización claros y convertía la atención primaria en una fuente de ingresos segura para el prestador privado.
La periodista también constató que, entre 2020 y 2024, la nómina pasó de 1,408 a 1,971 empleados y se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico, con costos superiores a cinco millones de pesos mensuales, tareas que antes desempeñaban los consulados.
A pesar de esta expansión burocrática, usuarios denunciaron retrasos en citas médicas y en la entrega de medicamentos, alimentando la percepción de que los recursos se iban en salarios y viajes en vez de mejorar servicios
Por otro lado, el déficit del régimen subsidiado supera los 3,372 millones de pesos y la mora en los pagos a proveedores pasó de menos del 1 % en 2020 a 46 % en 2023.
Clínicas, farmacias y laboratorios se quejan de que Senasa tarda meses en pagar, lo que pone en riesgo su operación y, con ella, el acceso a la salud de millones de pobres. Se denuncia incluso que algunas empresas vinculadas a funcionarios recibieron pagos exprés, mientras pequeños proveedores esperan en fila.
Frente a este panorama, Abinader destituyó en agosto al director de Senasa, Santiago Hazim, y nombró a Edward Guzmán con la misión de «restructurar» la entidad.
Guzmán suspendió contratos con diez centros privados de atención primaria, anuló un convenio con Farmacard y garantizó el suministro de medicamentos durante la transición.
Estas medidas buscan detener la sangría, pero son paliativos en un sistema corroído.
Entonces, el «envío» del expediente cumple varias funciones: para el gobierno, es una oportunidad de controlar el relato y mostrar proactividad; para la opinión pública, una señal de que las irregularidades no quedarán impunes; para la Fiscalía, un recordatorio de que el caso es prioridad nacional.
La oposición, sin embargo, lo interpreta como una puesta en escena. Sus voceros señalan que el informe se entrega cuando la Pepca ya llevaba meses interrogando a personal de tecnología, finanzas y contabilidad.
- Lo cierto es que la gestión Abinader busca escapar del discurso de que la justicia independencia se mueve más rápido contra los rivales.
Las grandes «operaciones» judiciales han sido contra exfuncionarios del PLD, y hasta ahora ningún alto cargo del PRM ha sido condenado. El caso Senasa es la oportunidad de comprobar si el lema «no somos iguales» no es solo un eslogan.
Amigos, pero no cómplicesPuedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo». Con esa advertencia, difundida en su cuenta de X, el presidente Luis Abinader anunció ayer que remitió a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, el informe oficial sobre las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud.
El mandatario subrayó que la lucha contra la impunidad ha sido «una línea constante en estos cinco años de gobierno» y confirmó: «He remitido a la procuradora Yeni Berenice Reynoso el informe de las irregularidades de Senasa. La lucha contra la impunidad ha sido una línea constante en estos cinco años de gobierno. Puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo.»
La alusión a los «buenos amigos» fue interpretada como un deslinde frente al doctor Santiago Hazim, hasta hace poco director ejecutivo de Senasa y figura clave en la estructura política del PRM. Ortopedista de profesión, Hazim encabezó la Organización Luis Abinader (OLA), el llamado «sector externo» que resultó determinante en las victorias electorales de 2020 y 2024.
La remisión del expediente a la Procuraduría formaliza el traslado del caso al Ministerio Público y envía un mensaje político directo: Abinader no permitirá que las lealtades personales interfieran con la investigación ni con la sanción de los responsables.
