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domingo, abril 26, 2026
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Prisión para tres oficiales policiales imputados de robar más de RD$1.2 millones en San Cristóbal

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Prisión para tres oficiales policiales imputados de robar más de
RD$1.2 millones en San Cristóbal
El dinero había entrado al destacamento policial por un caso de robo en proceso de
investigación
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al evaluar las evidencias
aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal
le impuso este domingo tres meses de prisión preventiva a tres oficiales policiales
imputados de sustraer más de RD$1.2 millones que entraron al destacamento de esa
provincia en un caso de robo en proceso de investigación.
La medida de coerción fue impuesta al coronel Carlos José Sidney Kelly, quien al
momento del caso fungía como director de la Dirección Regional en San Cristóbal;
el capitán Deberin Klanniery Medina Pérez, y el operador de radio, segundo teniente
Alipio Díaz de la Rosa, de la 17ava. compañía, quienes fueron suspendidos por su
vinculación al caso.
Los oficiales son imputados de violar los artículos 123, 124, 174, 265, 266, 379 y 385
del Código Penal dominicano, los cuales tipifican y sancionan la coalición de
funcionarios y la asociación de malhechores, en este caso para cometer robo
agravado en el interior del Destacamento de la 17ava. compañía.
La solicitud de medida de coerción detalla que el dinero, RD$1,200.000 en efectivo
y una funda con RD$28 mil pesos en monedas habían entrado al destacamento
policial por un caso de robo que se investiga.
La investigación del caso está a cargo de las fiscales Ramona Santana Uceta (titular
de San Cristóbal), Laura Cecilia Segura Cordero y Aurelina Cuevas Román, quienes
sustentaron la solicitud de medida de coerción con 50 elementos de pruebas.
La fiscal Aurelina Cuevas Román también representó al Ministerio Público en la
litigación junto a la fiscal Belkis Tejeda Espinal.
Durante la audiencia, las representantes del órgano persecutor establecieron la
vinculación de los imputados con el caso ante la jueza Kenty Noesí, de la Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, quien le impuso la
medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.

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