DIARIO PUERTO PLATA.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso masivo de bienes vinculados a los condenados en el caso Coral, como parte de las medidas destinadas a resarcir el daño económico ocasionado al Estado dominicano por la estructura de corrupción desmantelada mediante la investigación del Ministerio Público.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez e integrado por las juezas Tania Yunes Sánchez y Jissel Naranjo Tejada, quienes concluyeron que varios de los imputados utilizaron sus posiciones dentro de organismos de seguridad del Estado para cometer actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Entre los bienes decomisados figuran armas de fuego de distintas marcas y calibres, incluyendo pistolas Glock y Beretta, escopetas Mossberg, Maverick y EGE, rifles Beeman, miles de municiones, adaptadores de conversión para armas tipo Micro Roni y grilletes de seguridad.
La sentencia también dispone la confiscación de relojes de lujo de reconocidas marcas internacionales como Rolex, Bulova, Montblanc, Giorgio Milano, Frederique Constant Geneve y Guess, además de equipos tecnológicos y electrónicos utilizados presuntamente dentro de las operaciones investigadas.
Entre estos bienes figuran computadoras, discos duros de alta capacidad, dispositivos de almacenamiento de video, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, un dron profesional Mavic Air 2 Fly More Combo y un equipo computarizado de polígrafo.
Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de documentos, dispositivos bancarios y sellos gomígrafos presuntamente utilizados para falsificar documentación oficial correspondiente a instituciones militares, policiales y académicas.
En cuanto a las condenas principales, el tribunal impuso 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos al exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; al general Juan Carlos Torres Robiou; y a Rafael Núñez de Aza, tras ser hallados culpables de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y lavado de activos agravado.
Julio Camilo de los Santos Viola fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos, mientras que Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez recibieron penas de 10 años de reclusión por delitos relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El tribunal también impuso condenas de entre tres y cinco años de prisión a otros implicados. En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, se declaró extinguida la pena al computarse como tiempo cumplido los cinco años, un mes y diez días que permaneció bajo arresto domiciliario desde mayo de 2021.
Asimismo, fueron condenados Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara a cinco años de prisión, Pedro Roberto Castillo Nolasco a tres años y Carlos Augusto Lantigua Cruz a tres años de reclusión.
La sentencia contempla además la suspensión total de la ejecución de la pena para Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago, Epifanio Peña Lebrón, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Lucía de los Santos Viola y Raymel Pastor del Rosario Viola. Todos deberán cumplir 100 horas de trabajo comunitario y participar en programas de orientación supervisados por el Juez de la Ejecución de la Pena.
Como parte de las medidas contra el entramado financiero utilizado para ocultar recursos de origen ilícito, el tribunal ordenó la clausura definitiva y disolución de las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Aluminium, S.R.L., Hacienda Kelman, S.R.L., R&F Agroindustrial, S.R.L. y Rawel Importadores, S.R.L., además del pago de multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
Por otro lado, fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, luego de que el tribunal considerara insuficientes las pruebas presentadas para destruir la presunción de inocencia.
La sentencia constituye una de las decisiones judiciales más trascendentales en materia de corrupción administrativa en la República Dominicana, tanto por la magnitud de las condenas impuestas como por el volumen de bienes decomisados y empresas disueltas como resultado del proceso.
