DIARIO PUERTO PLATA.-El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, advirtió que varios artículos del nuevo Código Penal podrían entrar en conflicto con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, al restablecer penas de prisión para los delitos de difamación e injuria.
Maldonado señaló que los artículos 208, 209 y otras disposiciones relacionadas reintroducen sanciones de privación de libertad que, según explicó, habían sido eliminadas previamente mediante sentencias vinculadas a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
“El Código vuelve a traer la prisión cuando ya el Constitucional la ha eliminado. Ese es el primer conflicto que vamos a tener de orden constitucional”, afirmó.
El representante de los diarios dominicanos indicó que existen dos vías para corregir la situación: una modificación legislativa al Código Penal, antes o después de su entrada en vigencia, o la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, manifestó preocupación por la redacción de algunas disposiciones, al considerar que no establecen una diferenciación clara entre la difamación cometida en el ejercicio periodístico y conductas asociadas a otros delitos, como la extorsión.
“Parecería que el que difama en el ejercicio del periodismo y el que difama porque está haciendo una extorsión, es el mismo delito. Tenemos que distinguir entre una cosa y otra”, sostuvo.
Maldonado defendió el ejercicio del periodismo como un derecho fundamental y reconoció el derecho de toda persona a proteger su honor, reputación y buen nombre. Sin embargo, consideró que la imposición de penas privativas de libertad por difamación e injuria constituye una medida desproporcionada.
Advirtió además que la posibilidad de enfrentar prisión podría generar autocensura entre periodistas y comunicadores, así como aumentar las presiones económicas sobre los medios de comunicación mediante demandas de elevada cuantía.
El presidente de la SDD recordó que el nuevo Código Penal fue aprobado con una vacatio legis de un año antes de su entrada en vigor, período durante el cual distintos sectores han continuado evaluando y analizando sus disposiciones.
En ese contexto, estimó que una vez la normativa entre plenamente en vigencia podrían presentarse múltiples recursos de inconstitucionalidad contra aquellos artículos que sean considerados contrarios a derechos fundamentales y a criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional.
