SANTO DOMINGO.- El abogado Cristóbal Rodríguez citó hoy un conjunto de textos legales y del nivel constitucional con que entra en contradicción el “aviso” de la Dirección General de Aduanas (DGA) fijando para el 15 de agosto el inicio del cobro de un gravamen sobre las compras por internet por valor inferior a los 200 dólares.

El análisis del jurista sobre la medida administrativa de la DGA revocando un decreto presidencial, se ofrece, desde su mismo punto de vista, como un importante abanico de opciones para atacar judicialmente la decisión de la autoridad aduanera.

Señala violaciones al artículo 3 de la ley 107-13 que establece los principios de la actuación administrativa, como el de “juridicidad”, en cuya virtud “toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado”.

El primer señalamiento gira en torno al decreto 402-05, del 26 de julio del 2005, mediante el cual se asigna la condición de “mercancías exentas del pago de derechos e impuestos a aquellas cuyo valor individual sea igual o inferior a un FOB de 200 dólares”.

Para Rodríguez la DGA viola los artículos 6, 110, 138, 169 y 243 de la Constitución; los artículos 3 y 4 de la ley 107-13 sobre “Derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administración”, así como el número 21 de la “Ley de libre acceso a la información pública”.

Con respecto al artículo 6 de la carta magna, plantea que el organismo recaudador contraviene disposiciones expresas, como el principio de supremacía constitucional, que establece que “todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a su imperio” y, en consecuencia, “declara la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que le sea contrario”.

Con la inobservancia del decreto 402-05, la DGA incurre igualmente, en la violación del artículo 110 de la Constitución, que dispone que “en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Respecto del artículo 138, que establece los principios rectores de la administración pública: jerarquía, transparencia, publicidad, igualdad, etc., el jurista considera que el “aviso” conteniendo la medida representa una “insubordinación” a la norma, en este caso el referido decreto del Poder Ejecutivo.

Se violan además, las reglas mínimas del debido proceso plasmadas en el artículo 169 de la ley sustantiva. “El debido proceso administrativo es una herramienta concebida para disciplinar las actuaciones de la administración, las cuales deben producirse de conformidad con determinadas formas y en base a contenidos cónsonos con el sistema jurídico, lo cual no ha sido observado por la DGA en el caso que nos ocupa”, sostiene Rodríguez.

En cuanto a lo plasmado en el artículo 243, sobre el “régimen tributario”,el cual está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad, el abogado considera que esto supone que solo por ley pueden imponerse cargas fiscales.

Señala violaciones al artículo 3 de la ley 107-13 que establece los principios de la actuación administrativa, como el de “juridicidad”, en cuya virtud “toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado”.

Lo mismo ocurre con numeral 8 del mismo artículo, el cual establece los principios de seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa conforme los cuales: “la administración se somete plenamente al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos”/.por 7dias

Santo Domingo.- El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, realizó el lanzamiento del “Protocolo para la Investigación del Crimen de Feminicidio en RD, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que estuvo representada por Carlos Cano Corcuera, el cual está orientado a proporcionar las  líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores de justicia durante la investigación y el procesamiento penal de  las muertes violentas de mujeres por razones de género.

El Protocolo fue elaborado en el marco del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de los Operadores de Seguridad del Sistema de Justicia Penal en República Dominicana, suscrito entre la AECID, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, y en la elaboración del mismo participación el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, entre otros actores.

Al dirigirse a los presentes, el máximo representante del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito dijo que a través del documento buscan promover la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de los operadores del sistema de Justicia Penal, así como también proveerles de  las herramientas que garanticen los derechos de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares, puntualizando su participación durante todas las etapas del proceso.

Aseguró que mantendrán en alerta permanente  a  fin  de  evitar que continúe   el crecimiento de los feminicidios  en los próximos  seis  meses,  tras indicar que  la meta  para este año es  reducir la  tasa   de muertes  por  este flagelo.

Domínguez Brito expresó su satisfacción  por  el compromiso  asumido  por los jueces y fiscales  en  el tema  de la violencia  hacia  la mujer.  En ese orden, declaró que aunque   los  actores  del sector  justicia en el tema  de violencia de genero han avanzado, existe la necesidad  de cambiar  la mentalidad  machista  y egoísta  del hombre  cuando  ve que su  pareja  se supera, académica y económicamente. 

“Se hace necesario asumir  una  masculinidad   responsable,   donde impere  siempre el respeto  a hacia  la mujer”, enfatizó.

Tras presentar el documento, Domínguez Brito afirmó “priorizamos este Protocolo como un compromiso institucional de Tolerancia Cero hacia el crimen de Feminicidio para erradicar la impunidad, asegurando la vida y la seguridad de nuestras mujeres, niñas y adolescentes”.

Aseguró que la idea es fortalecer la actuación coordinada en la persecución penal desarrollada por el Ministerio Público y los organismos auxiliares a través de la capacitación especializada, con énfasis en los operadores de seguridad.

“La elaboración de este Protocolo de actuación para el Feminicidio en la  República Dominicana, conforme a nuestra realidad procesal penal es el resultado de la coordinación interinstitucional entre la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Poder Judicial y la Policía Nacional, junto a los expertos de la AECID, Ana Álvarez, y los doctores Juan Manuel Cartagena y Raquel Barrero”, detalló.

El máximo representante del Ministerio Público declaró que la República Dominicana ha suscrito diversas convenciones internacionales, que le comprometen a dar una respuesta oportuna y efectiva frente a la problemática de la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales con una Constitución que, por primera vez, reconoce la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar junto a disposiciones legales complementarias.

En ese sentido, expresó que el Plan estratégico del Ministerio Público se inserta dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el período 2010-2030 de la República Dominicana que regirá y orientará las políticas públicas del país, el cual incluye dentro de sus líneas de acción el establecimiento de criterios y protocolos unificados de actuación para su aplicación a nivel nacional.

Agregó “entendemos que el acceso a la Justicia es un elemento fundamental para el Estado por lo que el sistema de Justicia Penal debe ser negador del miedo y promotor de la debida diligencia para facilitar a las víctimas la reparación de los daños que supone la vulneración a sus derechos fundamentales”.

Coordinador AECID

El coordinador de la AECID, Don Carlos Cano Corcuera, quien también pronunció un discurso durante el desarrollo de la actividad, señaló que “el Protocolo es un instrumento orientado a visibilizar y fortalecer la labor investigativa de la violencia contra las mujeres en su máxima expresión, como es el feminicidio. Subrayando que la violencia feminicida o femicida es la forma extrema de la violencia de género contra la mujeres, que atenta contra los derechos humanos de las mismas. Ante esta problemática resulta primordial poder contar con una investigación completa, con el que el sistema de justicia, y en particular el Ministerio Público, pueda contar con elementos de prueba más sólidos para mantener la acusación, lo que redundaría en la reducción de la tasa de impunidad para este tipo de delitos, erradicando de forma progresiva este tipo de hechos criminales”.

La mesa principal de la actividad además del procurador Domínguez Brito y Cano Corcuera estuvo integrada por la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán; en representación del Jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, estuvo el subjefe de esa institución, Alejandro Dipré; también la integraron la procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, así como Gladys Sánchez, directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), y los doctores Raquel Barrero Alba y Juan Manuel Cartagena, médicos forenses del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España.