DIARIO PUERTO PLATA.-La jueza Stefani Santiago, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dará a conocer este lunes a las 7:00 de la noche su decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los tres principales imputados del caso Onco14, señalados por el Ministerio Público de integrar una presunta red que habría desviado millones de pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo, argumentando la magnitud de la investigación y la cantidad de pruebas reunidas.
Los acusados son Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa de Lora Cruceta; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado.
De acuerdo con el expediente, los tres enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, presuntamente cometidos en perjuicio del Estado dominicano.
La investigación está sustentada en 155 elementos de prueba, entre ellos testimonios, peritajes, documentos y evidencias materiales, con los que el Ministerio Público busca demostrar la existencia de una estructura que habría utilizado recursos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer para obtener beneficios económicos particulares.
Según la acusación, fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) habrían sido desviados mediante un esquema que incluía la manipulación de facturaciones de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), supuestas alteraciones de indicaciones médicas y la generación de cobros fraudulentos.
El expediente también señala que la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habría sido utilizada para importar equipos e insumos mediante exoneraciones fiscales otorgadas al Patronato, los cuales presuntamente eran destinados a actividades comerciales privadas. Además, se investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares a proveedores.
El Ministerio Público sostiene, además, que los imputados eliminaron registros digitales, provocaron el colapso del sistema informático para dificultar las investigaciones e intentaron sustraer documentación de la presidencia del Patronato, además de realizar reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hospedajes y gastos de representación sin la debida justificación.
La decisión que adopte la jueza marcará el inicio de una nueva etapa del proceso judicial en uno de los casos de presunto desfalco institucional de mayor impacto en Santiago, al involucrar recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos.
