DIARIO PUERTO PLATA.-El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los principales imputados en la Operación Onco14, una investigación que destapó un presunto esquema de corrupción vinculado al manejo de recursos destinados a pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La petición fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa del principal acusado; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato.
De acuerdo con el expediente, los imputados habrían encabezado una estructura que desvió recursos económicos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fondos destinados a financiar tratamientos, medicamentos y servicios para pacientes oncológicos de escasos recursos.
Las autoridades sostienen que el supuesto entramado operaba mediante diversas maniobras fraudulentas, entre ellas falsificación de documentos médicos, alteración de indicaciones clínicas, doble facturación al Estado, comercialización de medicamentos donados, entrega incompleta de tratamientos y desvío de fondos que debían ser utilizados en la atención de pacientes con cáncer.
La investigación también señala presuntas irregularidades relacionadas con contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, reembolsos indebidos, uso de instalaciones médicas para fines distintos a los autorizados, sabotaje informático y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, las empresas Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, así como la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían sido utilizadas para canalizar recursos obtenidos de manera ilícita.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la Operación Onco14 fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, documentos, equipos electrónicos, teléfonos celulares y otras evidencias consideradas relevantes para el proceso judicial.
El órgano acusador sostiene que la permanencia de Héctor Antonio Lora Cruceta al frente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, desde 2018 hasta 2025, le permitió ejercer un control significativo sobre la institución y desarrollar las operaciones que hoy son objeto de investigación.
Los encartados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.
Con la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso, el Ministerio Público busca garantizar la preservación de las pruebas, evitar posibles riesgos procesales y profundizar las investigaciones sobre una presunta estructura que habría utilizado recursos destinados a la salud de pacientes vulnerables para beneficio personal.
