DIARIO PUERTO PLATA.-La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene una intensa búsqueda para capturar al presunto responsable de la muerte de un joven de 25 años durante un hecho de violencia ocurrido la madrugada del pasado 14 de junio en el sector La Otra Banda, en Santiago.

La víctima fue identificada como Oliver Francisco Ramírez Gómez, quien falleció a consecuencia de una herida de bala recibida mientras compartía en una celebración de cumpleaños junto a familiares y amigos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto agresor se presentó al lugar donde se desarrollaba la actividad y, por motivos que aún son investigados, realizó varios disparos contra Ramírez Gómez, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte.

Las autoridades señalaron que las primeras indagatorias apuntan a que el crimen estaría relacionado con viejas rencillas personales entre la víctima y el principal sospechoso, contra quien ya se tramita la correspondiente orden de arresto para proceder con su captura y sometimiento a la justicia.

Como parte del proceso investigativo, seis personas han sido conducidas para fines de investigación, incluyendo testigos presenciales y otras personas que podrían aportar información relevante para esclarecer el hecho y localizar a otro individuo vinculado al caso.

La Policía también informó que se encuentra tras la pista de un hombre conocido únicamente por el alias de “El Bandido”, quien presuntamente acompañaba al principal sospechoso al momento del suceso y es considerado una pieza importante dentro de la investigación.

Los organismos de seguridad continúan recopilando evidencias, realizando entrevistas y analizando informaciones para reconstruir los acontecimientos y establecer con precisión la participación de cada involucrado.

La institución del orden exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, al tiempo que reiteró su compromiso de esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante los tribunales.

Las autoridades indicaron que ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

DIARIO PUERTO PLATA.-El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, valoró como un importante avance en materia de inclusión y protección social la propuesta contemplada en el nuevo Plan Anticrisis sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, la cual establece un aumento de hasta un 50 % en las deducciones por gastos educativos destinados a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo.

Metz destacó que la iniciativa representa un reconocimiento al esfuerzo que realizan miles de familias dominicanas para garantizar el acceso a educación especializada, terapias y otros servicios de apoyo fundamentales para el desarrollo integral de sus hijos y familiares.

“Esta medida constituye un paso significativo hacia una sociedad más inclusiva, al brindar un alivio económico a quienes diariamente invierten recursos importantes para asegurar una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para las personas con discapacidad”, expresó el funcionario.

La propuesta legislativa contempla además un aumento de la deducción general por gastos educativos para todos los contribuyentes, elevándola de un 25 % a un 30 %. Sin embargo, establece un beneficio especial de hasta un 50 % para los gastos relacionados con la educación y atención de personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo.

De acuerdo con lo planteado en el proyecto, la medida busca reducir la carga económica que enfrentan las familias que requieren servicios especializados y fortalecer su capacidad para garantizar una atención adecuada a sus dependientes.

El presidente del CONADIS señaló que la propuesta se encuentra alineada con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno dominicano para promover la igualdad de oportunidades y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando iniciativas orientadas a eliminar barreras sociales, económicas y de accesibilidad, con el objetivo de construir una sociedad más inclusiva, equitativa y accesible para todos los ciudadanos.

La propuesta forma parte del conjunto de medidas económicas incluidas en el Plan Anticrisis sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su conocimiento y eventual aprobación.

DIARIO PUERTO PLATA.- El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como una “condena ejemplar” la decisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Coral, mediante la cual fueron impuestas penas de hasta 20 años de prisión contra varios de los principales acusados de integrar una estructura de corrupción administrativa.

Al ofrecer declaraciones a la prensa tras concluir la audiencia, Camacho afirmó que la sentencia constituye una decisión histórica y representa una victoria para el Ministerio Público, al tiempo que valoró el trabajo investigativo realizado durante el proceso.

“Esto es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, expresó.

El funcionario agregó que espera que los tribunales continúen respondiendo de manera similar en los casos de corrupción donde el órgano acusador presente pruebas sólidas que sustenten las imputaciones.

La sentencia condenó a 20 años de prisión al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; al general Juan Carlos Torres Robiou; y a Rafael Núñez de Aza, considerados por el tribunal entre los principales responsables del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral.

Además de las penas de prisión, el tribunal acogió la demanda civil presentada por el Estado dominicano y ordenó el pago de una indemnización de RD$5,000 millones por los daños ocasionados al patrimonio público.

Sobre este aspecto, el abogado José Alberto Beltrán destacó que se trata de la compensación económica más alta otorgada en favor del Estado en un proceso relacionado con corrupción administrativa.

“Es la indemnización más alta que se ha otorgado en favor de una víctima en un caso de corrupción pública. Saludamos la decisión de las juezas, quienes acogieron el tema del daño moral al Estado”, manifestó.

Por su parte, abogados de algunos de los condenados adelantaron que esperarán la lectura íntegra de la sentencia antes de decidir formalmente las acciones recursivas que interpondrán contra el fallo.

La lectura completa de la decisión judicial fue fijada para el próximo 14 de agosto de 2026 a las 3:00 de la tarde, fecha a partir de la cual las partes podrán conocer los fundamentos detallados de la sentencia y ejercer los recursos correspondientes.

DIARIO PUERTO PLATA.-El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, advirtió que varios artículos del nuevo Código Penal podrían entrar en conflicto con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, al restablecer penas de prisión para los delitos de difamación e injuria.

Maldonado señaló que los artículos 208, 209 y otras disposiciones relacionadas reintroducen sanciones de privación de libertad que, según explicó, habían sido eliminadas previamente mediante sentencias vinculadas a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

“El Código vuelve a traer la prisión cuando ya el Constitucional la ha eliminado. Ese es el primer conflicto que vamos a tener de orden constitucional”, afirmó.

El representante de los diarios dominicanos indicó que existen dos vías para corregir la situación: una modificación legislativa al Código Penal, antes o después de su entrada en vigencia, o la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, manifestó preocupación por la redacción de algunas disposiciones, al considerar que no establecen una diferenciación clara entre la difamación cometida en el ejercicio periodístico y conductas asociadas a otros delitos, como la extorsión.

“Parecería que el que difama en el ejercicio del periodismo y el que difama porque está haciendo una extorsión, es el mismo delito. Tenemos que distinguir entre una cosa y otra”, sostuvo.

Maldonado defendió el ejercicio del periodismo como un derecho fundamental y reconoció el derecho de toda persona a proteger su honor, reputación y buen nombre. Sin embargo, consideró que la imposición de penas privativas de libertad por difamación e injuria constituye una medida desproporcionada.

Advirtió además que la posibilidad de enfrentar prisión podría generar autocensura entre periodistas y comunicadores, así como aumentar las presiones económicas sobre los medios de comunicación mediante demandas de elevada cuantía.

El presidente de la SDD recordó que el nuevo Código Penal fue aprobado con una vacatio legis de un año antes de su entrada en vigor, período durante el cual distintos sectores han continuado evaluando y analizando sus disposiciones.

En ese contexto, estimó que una vez la normativa entre plenamente en vigencia podrían presentarse múltiples recursos de inconstitucionalidad contra aquellos artículos que sean considerados contrarios a derechos fundamentales y a criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional.

DIARIO PUERTO PLATA.-El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los principales imputados en la Operación Onco14, una investigación que destapó un presunto esquema de corrupción vinculado al manejo de recursos destinados a pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

La petición fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa del principal acusado; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato.

De acuerdo con el expediente, los imputados habrían encabezado una estructura que desvió recursos económicos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fondos destinados a financiar tratamientos, medicamentos y servicios para pacientes oncológicos de escasos recursos.

Las autoridades sostienen que el supuesto entramado operaba mediante diversas maniobras fraudulentas, entre ellas falsificación de documentos médicos, alteración de indicaciones clínicas, doble facturación al Estado, comercialización de medicamentos donados, entrega incompleta de tratamientos y desvío de fondos que debían ser utilizados en la atención de pacientes con cáncer.

La investigación también señala presuntas irregularidades relacionadas con contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, reembolsos indebidos, uso de instalaciones médicas para fines distintos a los autorizados, sabotaje informático y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, las empresas Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, así como la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían sido utilizadas para canalizar recursos obtenidos de manera ilícita.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la Operación Onco14 fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, documentos, equipos electrónicos, teléfonos celulares y otras evidencias consideradas relevantes para el proceso judicial.

El órgano acusador sostiene que la permanencia de Héctor Antonio Lora Cruceta al frente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, desde 2018 hasta 2025, le permitió ejercer un control significativo sobre la institución y desarrollar las operaciones que hoy son objeto de investigación.

Los encartados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.

Con la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso, el Ministerio Público busca garantizar la preservación de las pruebas, evitar posibles riesgos procesales y profundizar las investigaciones sobre una presunta estructura que habría utilizado recursos destinados a la salud de pacientes vulnerables para beneficio personal.

DIARIO PUERTO PLATA.-La República Dominicana ha registrado importantes avances en materia de donación voluntaria de sangre, pasando del puesto 19 al octavo lugar entre los países de la región que reportan estadísticas a organismos internacionales, informó este lunes el director general del Hemocentro Nacional, Pedro Sing.

Durante la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, Sing destacó que este progreso ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Hemocentro Nacional, el Ministerio de Salud Pública y una amplia red de instituciones aliadas, entre ellas universidades, iglesias y organizaciones comunitarias comprometidas con la promoción de la donación voluntaria.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos ha sido fomentar una cultura de donación habitual y sostenible. En ese sentido, señaló que el país pasó de registrar menos de un donante voluntario por cada mil habitantes en 2019 a alcanzar actualmente 3.8 donantes por cada mil habitantes.

Asimismo, presentó un balance de los últimos cuatro años y medio de gestión, período en el que se realizaron 870 jornadas de colecta de sangre, se impartieron 1,257 charlas educativas, se firmaron 31 acuerdos de colaboración y se consolidó una red de 236 organizaciones amigas y clubes de donantes.

De acuerdo con los datos ofrecidos, el país cuenta actualmente con 60,988 donantes registrados, de los cuales 38,083 son voluntarios y 28,905 solidarios. Además, se han distribuido más de 41 mil hemocomponentes a pacientes que han requerido transfusiones.

Sing resaltó también el impacto económico de estas acciones, indicando que el acceso a sangre segura ha permitido un ahorro superior a los RD$300 millones para miles de familias dominicanas, especialmente aquellas de menores ingresos.

En cuanto a la disponibilidad de sangre, informó que la recolección nacional pasó de 101,330 unidades en 2019 a 162,524 unidades en 2025, reflejando un crecimiento de un 64 %. Como resultado, el déficit nacional de sangre se redujo considerablemente, descendiendo de casi 100 mil unidades a unas 33 mil.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Una gota de humanidad, dona sangre, salva vidas”, escenario en el que las autoridades reiteraron el llamado a continuar fortaleciendo la cultura de la donación voluntaria para garantizar la disponibilidad de sangre segura en todo el país.

DIARIO PUERTO PLATA.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este lunes la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contra diez personas acusadas de integrar una supuesta red criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones y operaciones de lavado de activos con alcance internacional.

La audiencia estará a cargo de la jueza Yiberty Polanco, quien evaluará los argumentos y evidencias presentados por las partes luego de que el proceso fuera aplazado para garantizar que la defensa tuviera tiempo suficiente para estudiar el expediente.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta organización fue desarticulada mediante la Operación XL526, desarrollada por el Ministerio Público tras identificar un esquema que habría generado importantes beneficios económicos a través de actividades fraudulentas dirigidas principalmente contra ciudadanos de Estados Unidos.

Entre los principales señalados por las autoridades se encuentran Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, quienes figuran como presuntos responsables de coordinar las operaciones de la estructura. Otros imputados habrían desempeñado distintos roles dentro de la organización.

Durante la audiencia anterior, los abogados defensores solicitaron más tiempo para analizar la documentación presentada por el órgano acusador, alegando que recibieron el expediente con escaso margen para preparar adecuadamente sus argumentos legales.

Tras acoger la petición, la magistrada dispuso el aplazamiento del proceso y fijó para este lunes la continuación de la audiencia, donde el Ministerio Público expondrá los elementos de prueba que sustentan su solicitud de medidas cautelares contra los acusados.

El caso ha despertado gran interés en Santiago debido a la dimensión de las acusaciones y a los recursos económicos que, según las autoridades, habrían sido obtenidos mediante las operaciones ilícitas atribuidas a la presunta red criminal.

DIARIO PUERTO PLATA.-Ramona Mella, madre soltera de Jeremy Reynoso Mella, un adolescente de 14 años diagnosticado con hipoacusia bilateral progresiva, solicita la colaboración de personas e instituciones para reunir los recursos necesarios que permitan realizar un implante coclear a su hijo.

Jeremy nació con una pérdida auditiva moderada que ha ido empeorando con el paso de los años. Actualmente, pese al uso de audífonos especializados, enfrenta serias dificultades para escuchar y comunicarse en su vida cotidiana.

Tras diversos estudios, evaluaciones médicas y terapias especializadas, los profesionales de la salud determinaron que la condición continuará avanzando, con el riesgo de que el adolescente pierda por completo la capacidad auditiva en el futuro.

Ante este panorama, los especialistas recomendaron la colocación de un implante coclear, un dispositivo electrónico diseñado para ayudar a personas con pérdida auditiva severa a percibir sonidos y mejorar significativamente su comunicación. Sin embargo, el procedimiento tiene un costo aproximado de 26 mil dólares, una cifra que la familia no puede cubrir por sus propios medios.

Ramona explicó que ha asumido sola todos los gastos relacionados con la atención médica de su hijo. Aunque trabaja en el área de facturación de un centro de diagnóstico, sus ingresos resultan insuficientes para financiar la intervención.

A pesar de las limitaciones que enfrenta, Jeremy continúa sus estudios en una escuela regular, donde mantiene un buen desempeño académico gracias a su dedicación y al respaldo de sus maestros y compañeros. Su meta es convertirse en programador y desarrollar una carrera profesional en el área tecnológica.

“Yo quiero un implante para escuchar, ya que casi no escucho en mi escuela”, expresó el adolescente.

Ante la urgencia de la situación, Ramona hace un llamado a la solidaridad de la población, empresas y organizaciones para brindar a Jeremy la oportunidad de mejorar su audición y continuar construyendo su futuro.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con Ramona Mella al (809) 912-5592.