DIARIO PUERTO PLATA.-Un tribunal de Santiago dictó 18 meses de prisión preventiva, bajo la declaración de caso complejo, contra dos de los principales procesados en la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la denominada Operación Onco14. La estructura criminal está acusada de lucrarse ilícitamente a través del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, en perjuicio directo del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes oncológicos y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso el envío a prisión de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la referida asociación sin fines de lucro, y de su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD. Ambos cumplirán la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres de Santiago, respectivamente.
Por otro lado, la encartada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y quien desempeñó roles de vicepresidenta y auditora interna y externa en el patronato, deberá cumplir la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El entramado de corrupción
Al término de la audiencia, la magistrada Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), enfatizó la contundencia de las pruebas de carácter pericial presentadas por el órgano persecutor, las cuales permitieron que el tribunal acogiera de forma íntegra el pedimento de la fiscalía.
«El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta, aportando pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos», declaró Ortiz ante los medios de comunicación.
Respecto a la variación de la medida que favoreció a Vargas Sánchez con el arresto domiciliario, la magistrada aclaró que hasta el momento el Ministerio Público no ha celebrado ningún tipo de acuerdo formal de cooperación con los procesados. Sin embargo, precisó que la institución reconoce la condición de los imputados que optan por admitir su responsabilidad frente a la acusación, mostrando disposición a asumir las consecuencias de sus actos, lo que reduce su peligro de fuga en comparación con quienes sostienen una defensa negativa.
La litigación del caso estuvo liderada de forma conjunta por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, y los fiscales de carrera Joanna García y Elvin Ventura.
Múltiples ilícitos bajo investigación
De acuerdo con el expediente de la investigación criminal, las maniobras de la red abarcaban un amplio abanico de delitos. Entre ellos se detallan el fraude clínico y farmacéutico mediante el uso de sellos médicos falsos, el cambio deliberado de indicaciones médicas, la entrega incompleta de medicamentos a los enfermos y la doble facturación cobrada de forma irregular al SeNaSa.
Asimismo, se constató la prohibición de donaciones gratuitas para proceder a la venta de medicamentos donados, el contrabando mediante el uso de exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas. El pliego de cargos incluye además el uso ilegal de las habitaciones del centro oncológico para la realización de cirugías estéticas particulares, la asignación fraudulenta de salarios elevados, viáticos masivos y gastos de representación espurios para viajes y hoteles, así como el lavado de activos, sabotaje digital y robo de archivos informáticos del instituto.
Las pesquisas arrojan que los procesados utilizaron como plataformas para la sustracción de fondos las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, esta última utilizada además para sobornar a distribuidoras farmacéuticas y simular el cobro de servicios médicos nunca suministrados.
Finalmente, las autoridades de la Pepca advirtieron que la investigación sigue abierta y en pleno desarrollo. «Seguiremos investigando, habrá más imputados», sentenció de manera tajante la procuradora Mirna Ortiz.
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